Descentralización fallida

Escrito por  May 31, 2018

Una de las demandas más sentidas de la oposición durante el régimen que gobernó al país la mayor parte del siglo pasado buscaba fragmentar la inmensa concentración de poder del presidente de la República, una de cuyas expresiones era la gran cantidad de organismos que tenían razones de ser muy alejadas de las decisiones federales. Era la exigencia de descentralización administrativa, que pugnaba por transferir a los gobiernos estatales o, incluso, a los municipales, la conducción de esas dependencias, como una manera de practicar un verdadero federalismo.

Finalmente –sea porque aquel régimen cedió o porque de plano desapareció–, la tan anhelada descentralización se hizo realidad, si bien se limitó a algunos pocos organismos.

Sin embargo, el experimento no funcionó porque en el interior del país no hay suficientes contrapesos al poder que concentran los gobernantes locales, quienes acaban haciendo lo que quieren con los recursos públicos.

En el ámbito federal los contrapesos existen más en apariencia que en la realidad, y su efecto no suele ser tan real cuando se trata de asuntos que le interesan de manera particular al Presidente. Y hay otros que ni siquiera han llegado a materializarse porque afectarían a montones de intereses creados, como el Sistema Nacional Anticorrupción, que no puede operar a plenitud porque no ha sido designado fiscal para ello. En el ámbito local la situación es peor. Van algunos ejemplos:

Se descentralizó el sistema electoral, pero los institutos locales devinieron en dependencias de los gobernadores, a sus órdenes y a su servicio, de modo que al final hubo que reconcentrarlos.

Se descentralizó la educación, y los gobernadores abusaron de las finanzas y de la nómina de las secretarías locales del ramo. En Guerrero, para abundar, un gobernador creó nada menos que 10 mil plazas sin techo presupuestal para granjearse la simpatía de la oposición interna del SNTE. En Oaxaca un gobernador llegó al extremo de entregarle a esa disidencia el insituto de educación del estado.

Aquí, en el sector salud fueron creadas 5 mil plazas sin techo presupuestal. Y hubo que cubrirlas escamoteando los recursos a otras áreas de la administración pública, que de ese modo nunca pudieron desarrollarse, ni crecer, ni operar adecuadamente.

Cada gobernador imprime su sello y su estilo de hacer las cosas a su administración. Los hay hábiles para la oratoria, que comprenden cómo conectar con las emociones de sus seguidores, que saben anatematizar a sus adversarios, pero que no tienen idea de cómo administrar el dinero, y no saben cómo planificar y cómo hacer para ajustarse al presupuesto; ignoran lo que es disciplina financiera, y finalmente gastan más de lo que tienen porque no saben hacer cuentas.

Si se tratara –como en el caso de los alcaldes que tuvieron que echar mano de los recursos del ramo 33 ante el desastre que dejó la tormenta tropical Manuel– de una acción para hacer frente a una emergencia, sería comprensible; pero muchas de esas decisiones se han basado en afanes políticos, como el de ayudar a amigos y parientes del gobernante, o para obtener subrepticiamente recursos para el partido en el poder.

Por supuesto que a los gobernadores les ha resultado conveniente la falta de contrapesos; así nada acota su poder; el Legislativo y el Judicial están a sus órdenes, como también lo están los organismos que se supone deben ser autónomos, como las comisiones de derechos humanos, las fiscalías o los institutos electorales.

De modo que los estados llegaron a convertirse en especies de ínsulas de poder, en coto personal del gobernante, en su feudo.

Es lo que acabó por ocurrir en la Capama –si bien su descentralización ocurrió en un año tan temprano como 1972–, un organismo que, por el volumen de recursos que maneja, debería tener ingresos suficientes para pagar todos sus gastos y ser eficiente, pero que no es ni lo uno, ni lo otro, porque no está al servicio de la gente, sino del poder.

Así, valdría más que la retome la Federación; cuando menos en el ámbito federal hay contrapesos que mantendrían un poco más a raya las pretensiones metalegales de sus administradores.

Para que un sistema funcione de verdad bajo criterios democráticos tiene que haber contrapesos al poder. Si no los hay, el poder omnímodo se vuelve tiranía. La verdadera democracia equilibra los excesos, los modera y los modula. n