Los marginados del IEEJAG

Escrito por  May 09, 2018

La resistencia del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), en el sentido de negarse a reconocer la base a 150 trabajadores, así como su inscripción al ISSSTE y FOVISSSTE de manera retroactiva, tal como lo ordena el laudo 662/2013 emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no solamente habla mal del instituto, sino también del gobierno del que depende.

El laudo es en materia laboral lo que en el aspecto penal es una sentencia. Una condena. No es una sugerencia. Tampoco una propuesta. Es una orden que tiene que acatarse y que de no hacerse el omiso se hace acreedor a determinadas sanciones.

Conciliación emitió el laudo hace cinco años; durante ese tiempo ha venido regateando la conquista a sus trabajadores. Su titular, Miguel Mayrén Domínguez, acusan, se niega incluso a recibirlos, razón por la que, una y otra vez, han suspendido labores en demanda de que los responsables de la institución, transiten por el camino de la legalidad.

Lejos de ello, en los últimos dos años se han amparado dos veces para negar los beneficios a sus empleados, algunos de los cuales, con 15 años de antigüedad, obtienen como pago quincenal mil 500 pesos.

Mal mensaje envían con esta actitud, tanto los funcionarios responsables del IEEJAG, como el mismo gobierno estatal, al cual pertenecen, cuya imagen resulta estropeada al proyectarse como una administración que no respeta la legalidad, al mismo tiempo que Conciliación y Arbitraje se ha visto bastante tibia al no proceder contra la parte patronal.

Bueno sería que a Mayrén Domínguez y a sus colaboradores de primer nivel, les rebajaran el salario a 3 mil pesos mensuales a ver si con eso pueden vivir y así sientan lo que sus trabajadores sienten.

Por otro lado, si es el propio gobierno el que se niega a reconocer los derechos de sus trabajadores, no puede esperarse que vele porque los demás sectores respeten los derechos de los suyos.

Si es el propio gobierno el que rehúsa cumplir los dictámenes de las dependencias encargadas de hacer justicia, carece de autoridad moral para exigir a sus gobernados que actúen con apego a la ley.

No se vale, pues, que por un lado se yergan como paladines de la clase trabajadora y, por otro, les nieguen a los suyos los beneficios que la ley ordena. n