Desaparecidos

Escrito por  Mar 15, 2018

Si bien, en general, puede afirmarse que hay diferencias importantes entre los desaparecidos de la actualidad y los de la época conocida como guerra sucia –pues mientras los de ahora son, en su mayoría, víctimas directas de grupos delictivos, los de aquel periodo lo son directamente del Estado–, las similitudes entre ambos son relevantes.

En primer lugar, debe quedar claro que ambos son víctimas del Estado, por omisión o por comisión, pues el deber principal de éste es garantizar la integridad física y patrimonial de sus ciudadanos. En términos muy directos: es su responsabilidad velar por que la gente no sea desaparecida contra su voluntad y, ya cometido el crimen, de investigar hasta determinar con razonable certeza el destino de la víctima.

En los casos de los desaparecidos de la guerra sucia, fue el Estado el que cometió el delito de lesa humanidad, por medio de las diversas corporaciones de su aparato de seguridad, que empleó no sólo para reprimir con extrema crueldad a los disidentes del sistema, sino también para aterrorizar al resto de la población en prevención de una posible propagación de la rebelión.

En el caso de los desaparecidos de la actualidad, al ser omiso y hasta indiferente ante el problema, el Estado convalida el crimen cometido por delincuentes y, en ocasiones, por sus propios organismos de seguridad.

Su carácter ha pasado de ser represivo a ser permisivo con quienes están aterrorizando a la población en su guerra por ganar mercados y plazas para la comisión de otros delitos de alto impacto.

Los familiares de los desaparecidos de la guerra sucia siempre tuvieron bien claro quién se los llevó y una vaga idea de dónde pudieron haber quedado sus restos.

Los parientes de los desaparecidos de la guerra entre delincuentes, por lo general, no saben quién pudo habérselos llevado, ni dónde pueden estar sus cuerpos.

Pero en ambos casos emprendieron una búsqueda ardua que les ha dado más frustraciones que satisfacciones. Ésta es la segunda parte de la omisión del gobierno: la investigación que están desarrollando los familiares de los desaparecidos es una tarea que deberían hacer las autoridades.

Su pesquisa es minuiciosa. Por ejemplo, van a los reclusorios y muestran fotografías a los presos por ver si hay quien los vio alguna vez; de este modo han logrado indicios que, seguidos con rigor y persistencia, pueden acabar por llevar hasta varios desaparecidos.

De ese modo también han localizado, ahí tras las rejas, a personas que estaban dadas por desaparecidas, pero que en realidad están recluidas sin que nadie más que las autoridades carcelarias lo sepan, por la razón que sea. Eso, como quiera que sea, es un avance.

Todo esto debería y puede hacerlo el gobierno. Voluntad política es lo único que le falta; ni siquiera es una cuestión de recursos. La prueba está en los miles de millones de pesos desviados de la Sedatu, y seguramente de otras dependencias, con fines que se presumen electorales. Si una fracción de esos recursos se destinara a la búsqueda de desaparecidos y a la prevención del problema, otra muy distinta sería la situación.