Flaquezas

Escrito por  Ene 25, 2018

Más que mostrar voluntad para esclarecer el feminicidio de Magdalena Aguilar Romero, la recompensa de 500 mil pesos que este miércoles ofreció el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, para localizar al principal sospechoso, evidencia las penurias de la institución que dirige en lo que se refiere a capacidad técnica para sacar adelante una investigación criminal.

No es, por supuesto, la misma situación en todas las fiscalías. En países desarrollados emplean el método de divulgar casos difíciles en los medios de comunicación masiva para obtener la ayuda del público en la localización de sospechosos.

Pero es del dominio público que a la Fiscalía del estado –y, en general, a las fiscalías de todo el país– le faltan recursos humanos, materiales y financieros para cumplir su delicada función social.

Un indicio de que, a pesar de todas las modernizaciones, el aparato de procuración de justicia de México no está a la altura del momento histórico que vive el país, es la polémica entre los críticos y los defensores del nuevo sistema de justicia penal. Los primeros señalan a la nueva reglamentación como la causante de que los delitos del fuero común hayan incrementado de manera casi exponencial en algunas ciudades del país –el ejemplo más claro es la Ciudad de México–; los segundos argumentan que el problema es que las autoridades no están haciendo bien su trabajo; que no hacen algo tan elemental como alimentar la base de datos de detenidos, de modo que no es fácil saber cuando alguno es reincidente.

Que no han entendido las normas del nuevo sistema de justicia queda claro cuando publican sus boletines pretendidamente informativos en los que sustituyen por una N (n mayúscula) los apellidos de todas las personas que entran en contacto con las fiscalías, en obediencia a la normativa de preservar la presunción de inocencia de los imputados, para que, en efecto, todos seamos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Como todo abogado sabe, ese supuesto debe ser mantenido a lo largo de todo el proceso, hasta que el juez correspondiente dicte sentencia condenatoria y ésta quede firme.

Pero, ¿qué presunción de inocencia se violaría y que fama pública se afectaría si se informa el nombre de una víctima de asesinato? n