Sistemática violación de derechos humanos

Escrito por  Ene 19, 2018

No por ser usuales ya los señalamientos y recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos por parte de organismos internacionales puede pasarse por alto los planteados esta vez por 35 parlamentarios de 12 estados miembros de la Unión Europea en cartas enviadas al presidente Enrique Peña Nieto, al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso y al gobernador Héctor Astudillo Flores.

En comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, los parlamentarios, entre otros puntos, llamaron la atención sobre el Estado de Guerrero y, particularmente, en torno a lo que calificaron de “grave situación de riesgo que viven los familiares de personas desaparecidas, las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada por la violencia, así como las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que les acompañan”.

Destacaron especialmente la falta de garantías para la labor del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, organizaciones con sede en Guerrero, así como la falta de canales de participación efectiva para que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir a hacer frente a la grave crisis de derechos humanos que se vive en Guerrero.

El caso adquiere especial relevancia frente a lo ocurrido el 7 de enero pasado en La Concepción, perteneciente a los bienes comunales de Cacahuatepec, donde en un enfrentamiento entre civiles y policías comunitarios primero y luego en el desarme de comunitarios realizado por policías estatales, federales y elementos del Ejército, hubo 11 muertos.

Tlachinollan, que se ha mantenido muy al pendiente de los acontecimientos, ha marcado con particular énfasis que en la operación de desarme, misma en la cual mataron a tres, lo mismo que en las diligencias hechas por la autoridad relacionadas con la detención de más de una veintena de personas, ha abundado la violación a los derechos humanos que va, acusan, desde la detención de personas que ni siquiera estuvieron en el escenario del conflicto, la tortura a detenidos e incomunicación, hasta la actuación irregular de la Fiscalía General del Estado, a la que responsabilizan de una actuación parcial, alejada de la ley.

Representantes de Tlachinollan consideran los hechos como un ajuste de cuentas del gobierno contra los opositores al proyecto de la presa La Parota, que se mantienen firmes en la defensa de sus tierras. n