Cacahuatepec: ¿ahora para dónde?

Escrito por  Ene 13, 2018

Conocida la falta de credibilidad oficial, ni adarme de confianza producen las declaraciones del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en cuanto a que “el interés del gobierno es que se aplique la ley en el caso La Concepción, por lo que todos los que resulten presuntos responsables y sean señalados serán investigados”.

Esa letanía de la investigación y del castigo a los responsables es tan desgastada como no creíble; los anuncios de esta naturaleza en estos casos nunca producen resultados que no sean el olvido y la impunidad.

El ataque a los periodistas ocurrido el día 7 en el desarme de policías comunitarios en el que tres de estos resultaron asesinados, después de la balacera entre comunitarios y civiles en la que hubo ocho muertos, no fue un hecho atribuido al calor de los ánimos propios del momento, sino se perpetró con premeditación, sobre todo el sufrido por el fotoperiodista Bernandino Hernández, a quien jalonearon, arrastraron, golpearon y despojaron de las memorias en las que almacenaba las imágenes del suceso.

Es obvio que los policías que se encargaron del colega no lo hicieron motu proprio, sino recibieron órdenes concretas en ese sentido para evitar que ese material llegara a la revista Proceso y a la agencia Cuartoscuro, con los que colabora el periodista y que tienen cobertura y circulación nacional.

Es claro que los uniformados que cumplieron la encomienda, lejos de ser castigados, recibirán el reconocimiento de sus superiores, así los funcionarios se rasguen las vestiduras proclamándose muy honorables y justos.

Finalmente, es de dudarse que las autoridades se encarguen de investigar y sancionar excesos, como reclama la ONU-DH, pues más bien están ocupados en armar la manera en que hundirán a los detenidos.

Con la operación del domingo pasado, el gobierno logró el objetivo que no había podido alcanzar: desarticulada la policía comunitaria y detenidos los líderes del Cecop, las fuerzas gubernamentales tomaron el mando de los bienes comunales de Cacahuatepec.

Ayer, el comisario municipal, Florentino Melchor León, y sus seguidores, que constituyen el grupo opositor al Cecop, culminaron la obra al desalojar la casa que funcionaba como comandancia de la Policía Comunitaria; sustrajeron ropa, documentos y cuanto había en su interior, y le prendieron fuego, incurriendo tal vez en un acto ilegal, para dejar el inmueble a disposición de policías y militares que vigilan el lugar.

Sospechas circulan entre la dirigencia de Tlachinollan en el sentido de que el enfrentamiento entre los civiles y los comunitarios haya obedecido a una trampa con la que se buscaba provocar la intervención de las fuerzas armadas y tomar la zona.

Recuerdan que un adolescente fue a provocar a los comunitarios al orinarse frente a ellos; cuando éste logró escapar, los guardias lo persiguieron hasta la Comisaría, donde individuos los recibieron a balazos, con el saldo de seis civiles y dos comunitarios muertos.

Adquiere sentido entonces el señalamiento de Vidulfo Rosales, defensor jurídico de Tlachinollan, en cuanto a que, afirma, las autoridades enderezan investigaciones y cargos solamente contra los policías comunitarios.

Por otro lado, no puede pasarse por alto las acusaciones de habitantes de La Concepción respecto a que el comisario se hace acompañar de policías ministeriales para recorrer la población e identificar a simpatizantes del Cecop para que se los lleven detenidos.

Ya antes, en marzo de 2017, integrantes de la Upoeg habían irrumpido en los bienes comunales a petición, según afirmó, de los opositores del Cecop. Los guardias de la Unión ahí se quedaron; muchas veces los cecopistas demandaron al gobierno estatal que los sacara de la zona, puesto que era la Policía Comunitaria designada por los lugareños la que se encargaba de resguardar a la población.

El gobierno, al que acusaron de valerse de la Upoeg para entrar a los bienes, nunca les hizo caso. Ahora, son la Policía Estatal y el Ejército los que se encargan de vigilar, en tanto que, anteriormente, la población no les permitía la entrada.

A partir de todo ello, un nuevo episodio en el caso de Cacahuatepec está comenzando a vivirse; vista ahora la situación, pareciera que han sido los opositores al Cecop, es decir los que apoyan al gobierno y la construcción de La Parota, los que han ganado la partida, al mismo tiempo que la Federación mantiene vigente la idea de construir la hidroeléctrica. n