Los bienes comunales, otra vez

Escrito por  Ene 08, 2018

Nadie puede llamarse sorprendido por la balacera ocurrida este domingo en San Pedro Cacahuatepec supuestamente entre policías comunitarios y civiles, con saldo de varios muertos.

El proyecto de construcción de la presa La Parota, que implicaba el desalojo de varias comunidades de la zona, dio origen a que los comuneros y los avecindados crearan una organización para defender las tierras.

En principio todos marchaban en un solo bloque, pero, avanzado el tiempo, los lugareños se dividieron; unos se declararon a favor y otros en contra del proyecto hidroeléctrico.

A partir de la división, atribuida a la intervención del gobierno en su insistencia de realizar la hidroeléctrica, surgieron los enfrentamientos entre ambos bandos, que llegaron al derramamiento de sangre, sin que las autoridades tomen una participación determinante que conduzca a la tranquilidad de los campesinos.

Habiendo creado la Policía Comunitaria, que debiendo estar al servicio de la población está bajo el mando de los opositores a La Parota, este grupo se ha opuesto a la intervención del gobierno, y el gobierno no ha tenido la voluntad, ni ha tomado la decisión de imponer orden, lo cual ha derivado en un conflicto sin solución política ni jurídica.

En este contexto, los bienes comunales se encuentran convertidos en un polvorín en torno al cual las autoridades juegan el papel de espectadoras, en tanto los muertos caen una y otra vez, sin que nadie haga valer la ley.

Uno de los más graves sucesos ocurridos en los meses recientes es, sin duda, la matanza adjudicada a policías comunitarios de la Upoeg en los primeros días de junio pasado con saldo de seis personas muertas, entre ellas un bebé de cuatro meses y un adolescente de 17 años.

En principio, la Upoeg, que irrumpió en Cacahuatepec y ahí se quedó, supuestamente porque el grupo a favor de La Parota se lo pidió, se comprometió a presentar a los autores de la matanza; luego, su líder Bruno Plácido Valerio advirtió que no entregaría a sus compañeros, y ahí quedó todo, en la impunidad.

Mucho insistieron al gobierno los opositores a La Parota para que sacara de la zona a la Upoeg, a la que se le ha acusado con frecuencia de ser brazo golpeador del gobierno estatal, pero el estado ni intentos hizo por expulsar a la Unión, aun sabiendo que su permanencia era tomada como una provocación y que, por tanto, en cualquier momento habría fricciones.

A nadie puede extrañar, en consecuencia, que ayer haya ocurrido otra balacera probablemente con actores diferentes, pero que igual siembra muerte, división, zozobra, miedo, caos e impunidad, con el vacío de autoridad como telón de fondo.

Funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo, lo mismo que la Fiscalía General del Estado, tienen desde hace rato cuentas pendientes que rendir a los habitantes de los bienes comunales. n