Emergencia, insolvencia e impunidad

Escrito por  Dic 27, 2017

Queda claro que, según el dictamen del Presupuesto de Egresos del gobierno del estado aprobado por el Congreso local, la administración estatal cierra el año en una situación de emergencia y prevé recurrir a un préstamo.

También queda claro que esta crisis la padece desde hace cuatro años y que “se encuentra en riesgo de insolvencia” porque sus ingresos no son suficientes para pagar sus compromisos, y que para este 31 de diciembre la deuda será de mil 986 millones 917 mil 200 pesos.

Lo que no queda claro es qué ha ocurrido respecto al faltante de 23 mil millones de pesos que decía el actual gobierno que había al tomar posesión.

No queda claro si la administración actual y la pasada ya negociaron para dar paso a la impunidad, porque, después de tanto ruido que metieron sobre ese déficit, ya no se ha vuelto a manejar el tema. Pero, eso sí, el gobierno en funciones se encuentra en una situación de emergencia y al borde de la insolvencia.

Habrá que recordar que diputados locales rechazaron el 10 de octubre la cuenta pública 2015, correspondiente al periodo del ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, pues la Auditoría General del Estado (AGE) detectó un daño a la hacienda pública por 194 millones de pesos.

Se dijo que rechazar o aprobar la cuenta pública no exime en ningún momento a los funcionarios y ex funcionarios de responsabilidades por el seguimiento y las actuaciones que determine la AGE hasta la conclusión del proceso de fiscalización; no obstante haber transcurrido ya 77 días nada se ha dicho respecto a qué estado guarda el proceso de referencia.

El 18 de agosto pasado, el Ejecutivo estatal aseguró que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez, quien entregó la estafeta a Héctor Astudillo Flores, presentó varias carreteras como terminadas y pagadas, y en realidad nunca se realizaron; aseveró que este caso y otros de dependencias como la Secretaría de Salud todavía siguen en proceso de investigación, pero hasta ahora, después de 128 días de hacerse pública la información, se desconoce qué estado guardan las supuestas indagatorias.

En la administración anterior, Ortega Martínez gobernó un año; los tres y medio anteriores le correspondieron a Ángel Aguirre Rivero.

A Ortega le detectaron un faltante de 194 millones, en tanto el reclamo del actual régimen es de 23 mil millones de pesos; es decir que no se sabe el paradero de unos 22 mil millones.

Mas resulta que Aguirre Rivero, a quien el INE le acaba de autorizar su registro como precandidato a diputado federal, asegura tener una carta de la Contraloría del estado, que lo exime de cualquier responsabilidad en el manejo de recursos públicos, y que además cuenta con un documento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el que consta que está limpio, y que de no ser así, no le habrían extendido las constancias, y el INE no habría aceptado su registro.

Luego entonces, si Aguirre estuviera limpio y a Ortega sólo le faltaron 194 millones, alguien tendría que informar dónde quedaron los 22 mil millones restantes.

No se sabe el paradero, si bien no es difícil imaginar, pero lo que sí es irrebatible es que el gobierno concluye 2017 en situación de emergencia y que está al borde la insolvencia. n