Corrupción y violencia en el penal

Escrito por  Dic 18, 2017

Interesante sería conocer la reacción del gobierno estatal, derivada de la recomendación 69/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto a la riña ocurrida el 6 de julio en el Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Acapulco, con saldo de 28 internos muertos y 22 heridos, porque tras ocurrido el suceso nada se supo más.

Al menos públicamente no se informó si se llevó a cabo alguna investigación o si hubo castigo para los responsables del motín y de los homicidios.

Se dijo oficialmente que los 28 presos fueron asesinados con armas punzocortantes, en tanto otras versiones destacaron el uso de armas de fuego.

Comentarios extraoficiales tal vez exageraron el escenario de lo ocurrido, ubicando incluso en el mismo internos decapitados, pero sin duda alguna la versión oficial lo suavizó, lo maquilló, lo minimizó, resultando más creíble los primeros.

De entrada, la recomendación apunta que “esos hechos violentos evidenciaron las anomalías e irregulares condiciones que imperan en ese penal, como sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno e inadecuada clasificación, así como insuficiencia de personal, lo que impide privilegiar y resguardar el orden y la tranquilidad e imposibilita el pleno respeto de los derechos humanos al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, salud y deporte, convirtiéndose en obstáculos para la reinserción social efectiva de los internos”.

Apunta también: “Producto de su investigación, la CNDH observó igualmente falta de control de las autoridades, existencia de privilegios y cobros por servicios, lo cual genera un ambiente propicio para la proliferación de actos violentos y de corrupción, en los cuales es evidente la participación de internos y personal del servicio público. Esta Comisión Nacional considera que esta situación pone de manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico de quienes están privadas de la libertad”.

Queda claro que cuando anota: “por su condición de reclusión, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume su calidad de garante y en este caso no se tomaron las medidas que permitieran resguardar la vida e integridad de la población interna”, la CNDH está culpando al gobierno de lo ocurrido.

En consecuencia, la CNDH solicita al gobernador de Guerrero tomar medidas conducentes para que, en un plazo razonable, se diseñe un programa integral con estrategias y acciones que permitan –funcional, material y presupuestalmente– consolidar en esa entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, así como instruir que, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Guerrero, se brinde, en su caso, atención psicológica a los familiares de los internos fallecidos y a los lesionados. También, que las autoridades penitenciarias y sus corresponsables tomen en cuenta las observaciones en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como que formulen una política pública integral –a partir de evaluar las necesidades de infraestructura”.

Habrá que estar pendientes porque, además, la recomendación demanda al gobierno estatal colaborar con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que promueva ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, respectivamente, para que investiguen y se deslinden responsabilidades administrativas y penales.

Es decir que nada de que aquí no ha pasado nada, como tratan de aparentar que nada pasó, porque 132 días transcurridos después de la carnicería no ha sido tiempo suficiente para que la autoridad haya investigado, ni fincado responsabilidades.

Queda pendiente la protesta que el 18 de septiembre llevaron a cabo fuera del mismo penal más de 300 mujeres para exigir alto a las violaciones de sus derechos cuando visitan a sus familiares internos, hecho sobre el que, hasta donde se sabe, no hubo investigación alguna, ni tampoco se deslindaron responsabilidades.

Además, habrá que agregarle el aparente motín ocurrido este domingo 16, aderezado con balaceras en los alrededores y el bloqueo durante horas de la Costera.

Muchos son los puntos de vista vertidos en torno a estos hechos violentos; todos, incluido el más descabellado, pueden ser creíbles, excepto aquel que llegara a haber, que se duda que lo haya, de que la autoridad tiene el control, el mando y el gobierno del penal. n