Un poder oculto tras el poder

Escrito por  Dic 17, 2017

Una pregunta que, en buena lógica, seguramente se están haciendo los habitantes de Acapulco que este viernes sufrieron las consecuencias del bloqueo que impusieron en la Costera decenas de transportistas con sus vehículos es qué relación hay entre esta movilización y el amotinamiento de la mañana en el penal de Las Cruces.

Hay, al menos entre ambos acontecimientos, un hilo conductor visible: las demandas que enarbolaron los presos amotinados y los transportistas movilizados eran, en esencia, las mismas: alto al maltrato a los reos y a la venta de drogas en el penal.

Así que, establecida la relación causal entre los dos sucesos, la pregunta se vuelve obligada: ¿Qué fuerza, hasta ahora invisible, tuvo el poder de convocar una movilización social que tuvo la capacidad de colapsar la franja turística del puerto y, al mismo tiempo, de poner en alerta a todas las corporaciones de seguridad pública? Tiene que ser un gran poder, pues pudo hacer lo que no pueden hacer los partidos políticos: en un par de horas organizar un bloqueo a la principal avenida del puerto, lo cual tomaría varios días a los partidos.

Y eso que estos tienen reconocimiento legal y cuantiosos recursos aportados por el fisco para sus actividades.

Con toda seguridad, las autoridades se están haciendo la misma pregunta y, con suerte, incluso ya se la habrán contestado.

Lo que el viernes vieron propios y extraños fue violencia, implícita –como el bloqueo a la Costera– o explícita –como el tiroteo en inmediaciones del reclusorio, como el ataque a balazos a varias comandancias policiacas o como tomar cautivos al director y al jefe de Seguridad del penal–.

Así que el problema no sólo es el tamaño del poder que conovocó a la movilización, sino también su penetración social, su enraizamiento en la comunidad, su identificación con grupos más o menos amplios de la sociedad.

De este modo, muchos podrían preguntarse: ¿y si a esto se refería la redacción original de la Ley de Seguridad Interior cuando planteaba que las protestas sociales no serían consideradas un peligro para la seguridad nacional siempre y cuando no fueran violentas?

Un razonamiento así parecería legítimo e iría en la lógica de justificar ese nuevo ordenamiento legal.

Pero no habría que descartar que los acontecimienos del viernes en Acapulco hayan sido manipulados por un poder hasta ahora oculto, para justificar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, consumado el hecho legislativo.

Después de todo, Acapulco es la ciudad más violenta del país, y esa categoría le da estatus de laboratorio, pues posee las condiciones propicias para hacer experimentos sociales relacionados con la criminalidad. n