Un punto coincidente de los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador (Juntos haremos historia), Ricardo Anaya (Por México al frente) y José Antonio Meade Kuribreña (Todos por México), es combatir la inseguridad, la injusticia y la corrupción.

En estos objetivos los tres tendrán que ser muy convincentes, porque constituyen, sin duda, tres de los flagelos que laceran al país y de los que los mexicanos dan muestras inocultables de hartazgo.

Será Meade Kuribreña, postulado por la coalición PRI-PVEM-Panal, el que tendrá mayores problemas para convencer de su propuesta a los mexicanos en general y a los guerrerenses en lo particular, puesto que en estas materias ha fallado la actual administración, que encabeza el priísta Enrique Peña Nieto.

Se encontrará con la resistencia de una mayoría guerrerense lastimada por la violencia, reacia a creer toda idea que venga del actual régimen o de todo aquel que provenga del mismo, porque no ha cumplido su compromiso de campaña de erradicarla y está en deuda al obstruir abiertamente la solución del caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

José Antonio Meade pagará los costos del desprestigio de la actual administración federal.

Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza PRD-PAN-MC, llevará sobre sus hombros la incapacidad de dos regímenes federales, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón; no obstante, le será fácil deslindarse de ellos, en tanto la situación de Meade se presenta diferente porque es el PRI el que está en el poder actualmente, y no se sabe aún si se atreverá a desligarse de Peña Nieto para no cargar con sus lastres, lo que, de hacerlo, le acarrearía consecuencias funestas.

Quien aparentemente hallará un terreno abonado para afianzarse entre la simpatías de buen porcentaje de los guerrerenses, porque no tendrá que enfrentar recriminaciones por promesas incumplidas y fallas de gobiernos pasados, será López Obrador, que, postulado por Morena-PT-PES avanza como en caballo de hacienda.

Si a López Obrador lo acusan de soberbio, intolerante y autoritario, seguramente es porque no le hallan otros defectos que criticarle, en tanto a Anaya se le ubica como corrupto y traidor, y Meade, con varias medallas en el pecho, tiene que llevar a cuestas la mala reputación del gobierno federal y del priísmo. n

Despropósito

Feb 24, 2018

La reflexión que externó ayer el presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, en el sentido de que las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto no han sido comunicadas con efectividad entre la población, es, por lo menos, ociosa.

Si se dimensiona la envergadura de las reformas estructurales que tenía pensado llevar a cabo el gobierno de Peña Nieto, no hay más que concluir que le faltó cuidar los otros elementos de su gestión, a efecto de que ninguno de ellos llegara a constituir un problema de magnitud tal que descarrilara su objetivo central.

Pero no lo hizo.

Desde que era candidato, o incluso desde antes, Peña Nieto sabía que al empujar un conjunto de reformas constitucionales de tal calado concitaría una reacción vigorosa de otras fuerzas políticas del escenario, de modo particular la izquierda. Y para eso se preparó. Por eso decidió no impulsar las medidas sólo con el PRI, sino que llamó a los otros dos principales partidos, uno de izquierda y el otro de derecha, para acordarlas al más alto nivel y de ese modo lograr que su tránsito por las cámaras del Legislativo fuera terso y seguro.

Opacidad

Feb 24, 2018

A no ser por la información que a cuentagotas vierte de vez en cuando el diputado Ricardo Mejía Berdeja, el seguimiento a la auditoría que al ejercicio de 2016 hizo la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) transcurriría en la oscuridad.

No se sabe aún a ciencia cierta cuál era el objetivo de los legisladores Mejía Berdeja, de MC; Mauricio Legarreta, del PVEM, y Samuel Reséndiz Peñaloza, del PRI, cuando el pasado 2 de octubre dieron a conocer los resultados que en su primera fase produjo la auditoría a la paramunicipal, en la que se descubrieron irregularidades equivalentes a 194.5 millones de pesos.

Diputados perredistas alegaron el día 3 del mismo mes que los legisladores denunciantes desataron una guerra sucia contra el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

Ellos, los aludidos, negaron que se tratara de un asunto político; afirmaron que era parte de una agenda técnica y presupuestaria; no obstante, abandonaron el caso, excepto Mejía Berdeja, quien sigue picando piedra manejando el tema como aspirante a la presidencia municipal de Acapulco.

Ahora, en declaraciones hechas este jueves en Acapulco, Mejía Berdeja aventuró que Capama sólo comprobó entre 20 y 25 millones de los 194.5 faltantes en la inspección de la ASEG.

Ayer en Acapulco, el vocero del Grupo Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia, reiteró que ninguno de los dos sacerdotes asesinados el día 5 en la carretera Taxco e Iguala, estaba vinculado con la delincuencia organizada.

En realidad del que la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a insinuar que tenía relación con el crimen, no que perteneciera, fue Germaín Muñiz García, de quien aseguró que “fue fotografiado portando un arma de fuego de grueso calibre, y en otra fotografía en compañía de hombres fuertemente armados, pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Mezcala, Carrizalillo, Taxco, Taxco El Viejo y parte de Iguala; dichas fotografías circularon durante mucho tiempo en las redes sociales, de lo que deviene que tanto la sociedad como grupos delictivos contrarios observaron dichas imágenes, así como, la nota que acompañaba a dichas gráficas, relacionándolo con uno de los grupos delictivos de la referida zona”.

En conferencia de prensa ofrecida al día siguiente del doble asesinato, el fiscal nadó en un mar de ambigüedades en el que naufragaron las insinuaciones, entre las que quedó clara aquella de que si no pertenecía al crimen organizado, si fue éste quien lo asesinó lo mismo que a su compañero.

Otro punto que precisa un comunicado oficial: “Se ha podido determinar que durante la celebración del baile de mérito, existió un incidente con un asistente al baile que se encontraba en estado inconveniente. Este incidente no fue ocasionado por los sacerdotes o sus acompañantes”, como la fiscalía informó en principio.

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