Realiza el gobernador y el secretario de Salud un recorrido por las instalaciones

El centro hospitalario tendrá capacidad para 300 camas y tiene estándares internacionales de calidad


El Quemado, Municipio de Acapulco.- Para el próximo 18 de diciembre entrará en operación el Hospital General de El Quemado, anunció el gobernador Héctor Astudillo Flores, tras efectuar un recorrido por las instalaciones de este nuevo centro hospitalario, el cual tendrá capacidad de 300 camas, lo que permitirá duplicar la capacidad que tiene el actual nosocomio de la avenida Ruiz Cortines.

Acompañado del secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos, Astudillo Flores explicó que este hospital cuenta con una inversión de 826 millones de pesos y es parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que destinó la Federación para ayudar a mejorar la infraestructura luego de las fuertes lluvias e inundaciones que dejaron "Ingrid y Manuel"

Durante su visita a esta unidad, el mandatario guerrerense detalló que adicionalmente se llevaron a cabo obras por parte del gobierno del estado, como la introducción de una tubería especial que permitirá al hospital contar con servicio de agua de manera ininterrumpida, con una inversión de poco más de 17 millones de pesos, garantizando así un servicio de calidad.

De igual manera, el nuevo Hospital General cuenta con los estándares internacionales de calidad para poder dar atención a los pacientes, además de que es un edificio moderno con equipo de primera. Puntualizó: “Será algo muy importante para todos nosotros, para el gobernador es un acto muy importante”, a la vez que anunció que luego de su puesta en marcha, se realizará un evento de inauguración al que estará invitado el presidente Enrique Peña Nieto.

El gobernador manifestó que para mayor seguridad de los empleados, habrá dos autobuses que los transportará de manera directa a esta unidad hospitalaria, además de que se están haciendo algunas adecuaciones en vialidades, para dar mayor celeridad al tráfico vehicular y sobre todo, poder atender emergencias con mayor prontitud.

Acapulco, Gro., 02 de diciembre.- Este sábado el puerto de Acapulco registró una ocupación hotelera de 78.3 por ciento de manera general. Por zonas turísticas, la mayor afluencia la reportó la Dorada con un 89.6 por ciento, seguida de la zona Tradicional con 69.6 unidades porcentuales, mientras que la zona Diamante alcanzó un 59.4 por ciento.

Cientos de turistas se pueden apreciar en las playas de Acapulco disfrutando de sus atractivos, por lo que el gobierno municipal, encabezado por el alcalde Evodio Velázquez, continúa trabajando a través de sus dependencias, brindando atención oportuna a los visitantes y mejorando la imagen del puerto para garantizarles una buena estadía.

El secretario de Gobierno, Florencio Salazar, reiteró que en la administración no se cuenta, ni se contará con ningún equipo de escucha o infiltración


Chilpancingo, Gro., 2 de Diciembre de 2017.- El Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, se reunió con el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, con el propósito de dialogar sobre el ejercicio de la libertad de expresión en Guerrero.

El responsable de la política interna de la entidad señaló el compromiso del Gobierno del Estado para la protección de los derechos humanos de los periodistas, mencionando que cumplen una función indispensable en toda democracia. Reiteró que en esta administración no se cuenta, ni se contará con ningún tipo de equipo tecnológico de escucha o infiltración porque vulnera los derechos de los comunicadores. Subrayó que en el estado hay políticas públicas consistentes para la seguridad de los periodistas.

Refirió que el Mecanismo Estatal mantiene una relación de cooperación estrecha con las instancias federales, a fin de detectar amenazas para los comunicadores, monitorear los casos y de operar de manera inmediata los mecanismos para su protección.

En su gira por el estado,  Andrés Manuel López Obrador convocó a más de dos mil personas en el auditorio adjunto del Ayuntamiento Municipal de Tixtla.

De aprobar el Senado la Ley de Seguridad Interior, lo cual es prácticamente un hecho, el gobierno estatal y los presidentes municipales podrían verse sometidos a una presión que los obligue a salir de la somnolencia que los invade, y no sería por gusto o convicción, sino porque, ya legalizada la intervención de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia, la Presidencia de la República las operaría en otras condiciones.

Aparentemente, el presidente Enrique Peña Nieto no ha ido más allá de llamar públicamente a los gobiernos estatales y a los municipios a asumir su responsabilidad en el combate a la violencia, pero hasta ahora, en el caso específico de Guerrero, ni la administración estatal ni los alcaldes se han esforzado en el cumplimiento de esta tarea.

Tal vez por eso ha sido evidente la disminución de la presencia de efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal; si antes se veían uniformados por todos lados, ahora no resulta tan notable.

La Ley de Seguridad Interior vendría a ser el instrumento para que el presidente Enrique Peña Nieto presione a los gobiernos estatales y municipales a hacer su trabajo.

La ley establece que “toda intervención de fuerzas federales y de fuerzas armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y sólo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior”.

Podría suceder que, para prorrogar la presencia de las fuerzas federales más de un año, el Presidente fije determinadas condiciones a los gobiernos locales, como certificar, ahora así y en serio, sus corporaciones policiacas, procedimiento al que han ofrecido sistemática resistencia con diversos argumentos, y en cuya solución no se pone empeño.

Habrá que recordar que ya ocurrió que el gobierno federal amenazó con llevarse a sus militares y policías, pero ante la reacción del gobierno estatal, los municipales y algunos sectores de la sociedad, decidió que permanecerían en territorio guerrerense “mientras fuera necesario”.

Ocurre que no había ley que normara su presencia o su retiro, según el caso, pero en adelante las condiciones cambiarán, con lo que estado y ayuntamientos tendrán que participar en una labor que han dejado prácticamente a la Federación, pero ésta contará con un mecanismo legal para torcerles la mano para obligarlos a dejar la hamaca, donde permanecen cómodamente echados, fingiendo que hacen lo que en los hechos deberían hacer. n

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