Pleno ratifica cambios del Senado de la República


La Cámara de Diputados aprobó la minuta devuelta por el Senado de la República por la que se expide la Ley de Seguridad Interior, y fue enviada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.   

Dicha norma tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación en la materia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.  

El documento, aprobado con 262 votos a  favor y 25 en contra, modifica los artículos: 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26  y agrega un Quinto Transitorio.

Entre los cambios está al artículo 1 para precisar que las disposiciones de este ordenamiento son de Seguridad Nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política en materia de Seguridad Interior.

En el artículo 7, se añadió que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución y los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

Respecto al artículo 8, se indica que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la Seguridad Interior”.

En tanto, el artículo 9 se modificó para que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, sea considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  

El artículo 10 se señala que a falta de disposición expresa en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de sus competencias.

En cuanto a los casos en que las amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que el Presidente de la República “de acuerdo a sus facultades” podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Está en su papel el gobernador Héctor Astudillo Flores al asistir al Senado a respaldar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que Guerrero ha sido uno de los estados que mayor apoyo ha requerido de la Federación para enfrentar al crimen organizado, ante la incapacidad y apatía de los municipios y el gobierno estatal e incluso frente a la incompetencia de las mismas fuerzas policiacas del gobierno federal.

Al emitir su opinión respecto a la aprobación ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el gobernador Héctor Astudillo Flores, consideró que es procedente y necesario contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado bajo un marco jurídico con respeto a los derechos humanos y con temporalidad de actuación. 

Si se da como un hecho lo afirmado por el gobierno federal en el sentido de que la mayoría de los delitos cometidos pertenecen al orden común, habrá que llegar a la conclusión de que ha sido fundamentalmente el gobierno estatal el que ha fallado en la detención de los delincuentes y la aplicación del castigo correspondiente, en tanto los municipios han sido incapaces de cumplir con su tarea de prevenir la comisión de delitos.

Por eso mismo, importante es señalar lo sostenido por Astudillo en cuanto a que “la Ley de Seguridad Interior debe ser muy precisa en señalar con mucho rigor la ruta para fortalecer a las capacidades de las instituciones de seguridad estatal y municipal”.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la priísta Flor Añorve Ocampo, ha advertido que, dado que los diputados no autorizaron incremento en las leyes de ingresos de los municipios, toda tabla de valores municipal con aumentos de más de 3 por ciento será rechazada por el Legislativo.

Puede ser un duro revés para varios presidentes municipales, que pensaban hacer frente a sus aprietos financieros con más ingresos fiscales, pues ahora tendrán que arreglárselas con las mismas tasas de este año.

Varios pueden ser los remedios que pueden idear los alcaldes para completar el gasto de sus gobiernos. Algunos pueden enfocarse en aumentar sus ingresos –y la vía fiscal es una de sus opciones–, y otros, en disminuir sus egresos con medidas de ahorro y eficiencia. O puede ser una combinación de ambas soluciones.

También podrían ampliar la base gravable del impuesto predial y de ese modo obtener esos ingresos, lo cual estaría bien, porque –como ordenan las leyes– todos debemos contribuir al funcionamiento del gobierno, que es de todos, así como a su vigilancia y operación.

La importancia de ir sumando esfuerzos entre el gobierno y sociedad civil es fundamental, en aras de ir disminuyendo hasta erradicar la Violencia de Genero en la entidad


Chilpancingo, Gro., 13 de diciembre.- Atendiendo la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Guerrero, la Fiscalía General del Estado impartió el curso: "Los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas y la Procuración de Justicia, desde una Perspectiva Intercultural y de Género", dirigido a 40 servidores públicos del área administrativa, Peritos, Ministerios Públicos y de la Policía de Investigación Ministerial.

Esto con la finalidad de garantizar la protección, el respeto y el ejercicio de sus derechos humanos, atendiendo los compromisos internacionales, especialmente a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

A este evento asistió Alejandro Santos González, Vice fiscal de Prevención y Seguimiento; la Dra. María Eugenia Espinosa Mora, Subdirectora adscrita a la Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de la cuarta visitaduría de la CNDH; Elizabeth Ocampo Jiménez, Directora del Instituto de Capacitación y Formación Profesional; Ramiro Rivera Martínez, Fiscal Especializado en Atención de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos; Silvia Elena Aivar García, Fiscal Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y Shiomara Yadira Bautista Cantú, titular de la Unidad de Género.

Xavier Olea Peláez, Fiscal General del Estado, refuerza y promueve el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios.

Una buena infraestructura escolar, condición fundamental para alcanzar mejores niveles de aprendizaje: Eduardo Backhoff (INEE)


México, Ciudad de México, 13 de diciembre. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) establecieron hoy un convenio de colaboración que permitirá contar con un diagnóstico sobre la situación que guarda la infraestructura física educativa de las escuelas del país.

El convenio fue firmado por los titulares de ambos institutos Eduardo Backhoff Escudero (INEE) y Héctor Gutiérrez de la Garza (INEFED), contribuirá, además, en la mejora de los servicios educativos que se ofrecen en las escuelas de educación obligatoria, en especial de las que presentan mayores carencias.

El consejero presidente de la Junta de Gobierno del INEE, Eduardo Backhoff Escudero, destacó que “contar con una buena infraestructura en las escuelas es una condición fundamental, necesaria e indispensable para que los estudiantes se sientan cómodos y contentos de estar en un espacio que contribuya a alcanzar mayores niveles de aprendizaje”.

Resaltó que el esfuerzo conjunto entre estas dos instituciones permitirá contar con una fotografía de las condiciones de la infraestructura de las escuelas, con lo que se contribuirá a tener una mejor oferta educativa y, por lo tanto, una mejor calidad en sus servicios.

El consejero presidente del INEE, informó que con este convenio se definen acciones concretas para intercambiar información y establecer indicadores comunes. Finalmente, confío en que se avance en el establecimiento de un sistema de indicadores y de información público que haga posible su uso.

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