Feria de promesas

Feb 22, 2018

Como era de preverse, aspirantes a puestos de elección popular comenzaron a formular planteamientos cuya ejecución está fuera de su alcance. Su propósito es claro: obtener por ahora la simpatía del electorado para que, llegado el momento, se transforme en votos, sin importarles haberlo logrado mediante engaños, sorprendiendo a la gente.

Manuel Añorve Baños, aspirante priísta a una senaduría, propuso ayer en Iguala un programa integral de seguridad basado en dos ejes principales: la atención a los cuerpos policiacos y blindar a los jóvenes contra el espejismo que les ofrece el dinero fácil, así como el fortalecimiento del núcleo familiar.

La violencia y la inseguridad constituyen estandarte seguro para los probables, como lo ha sido para los que acaban de pasar por el poder y nada hicieron en la materia y los que están a punto de terminar sin intentar nada.

Cuando Añorve Baños habla de la atención a los cuerpos policiacos como una forma de atacar la inseguridad, seguramente se refiere a certificar a los policías, capacitarlos, prepararlos, volverlos confiables y eficaces, labor que corresponde a un presidente municipal, al gobernador del estado, pero no a un senador de la República, cuya función específica es hacer leyes y fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Bueno sería que el ex diputado federal explicara concretamente en qué consiste su plan y que dijera cómo piensa ejecutarlo.

La declaración del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, de que en Guerrero no hay el suficiente número de oncólogos para atender a los enfermos de cáncer, mueve inevitablemente a otra reflexión.

El gobierno recurre sistemáticamente a la fórmula de tener más médicos especialistas y de construir cada día más hospitales para satisfacer las necesidades de ese tipo de pacientes, y soslaya, por otro lado, las tareas de prevención y educación que, con el tiempo, forzosamente derribaría los altos índices de enfermos, que cada día se disparan de manera alarmante y saturan los servicios médicos en clínicas y hospitales del sector salud.

Es preciso, sí, atender la actual demanda, ni duda cabe. Pero también es necesario encender al mismo tiempo los focos rojos para frenar el surgimiento de casos a la velocidad actual, porque, de no hacerlo, dentro de algunos la demanda descarrilará la oferta actual de atención.

Habría que emprender una campaña intensa entre la población respecto a las causas generadoras del cáncer y la manera de prevenir el mal. En esta cruzada de ninguna manera deberían dejar al margen a todos aquellos generadores de factores cancerígenos, como los relacionados con la industria e incluso con la agricultura.

Con motivo de la celebración, hoy, del Día Mundial contra el Cáncer, el secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos, informó ayer que no hay suficientes especialistas en esa rama de la medicina en Guerrero.

En sí misma, esa revelación no tendría por qué causar extrañeza en la entidad ni en el país, pues es bien sabido que desde tiempos inmemoriales en México los servicios no han sido suficientes para la población, sobre todo para la población más pobre, que debido a su carencia de recursos enfrenta más dificultades para tener acceso a ellos.

Pero hay un aspecto de este tema que deja insatisfecho a cualquiera, y se refiere al número de enfermos de este mal y a la evolución que este número ha tenido a lo largo de los años.

Como todo mundo sabe, hasta hace pocos años México no se caracterizaba precisamente por elaborar estadísticas de su acontecer. No es sino hasta el 25 de enero de 1983, cuando por decreto presidencial se crea el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), que el Estado mexicano empieza a desarrollar un trabajo de sistematización de esa información.

De ser verdad la declaración del diputado local Ricardo Mejía Berdeja, será la semana próxima cuando la Auditoría Superior del Estado (ASE) dé a conocer los resultados finales de la auditoría que le hizo a la Capama, en la que detectó irregularidades financieras por 194 millones 577 mil 346.98 pesos.

Los resultados, aseguró el legislador de Movimiento Ciudadano, incluirán las responsabilidades administrativas, resarcitorias y, si hace falta, penales.

Graves son las fallas descubiertas por la ASE en la revisión hecha al año 2016.

Por citar sólo algunas:

  1. Condonaciones a los saldos de las cuentas de usuarios sin haber efectuado el proceso de justificación y autorización por un monto de 6 millones 441 mil 721 pesos.
  2. Identificación de saldos a favor de contratistas sin que se llevaran a cabo las acciones para su comprobación o, en su caso, para su recuperación, además de que se liberaron recursos a favor de proveedores sin comprobar, todo ello por un total de 16 millones 431 mil 589 pesos.
  3. Liberación de 170 mil 741 pesos, de gastos a comprobar y préstamos a funcionarios y empleados de la paramunicipal, sin que se haya presentado la documentación comprobatoria o justificativa.
  4. Incumplimiento con el procedimiento de adjudicación para la prestación de servicios sin evidencia documental que los acredite, por un monto de 12 millones 567 mil 847 pesos.

Ese sería un revés que, en caso de no haber justificado las observaciones, recibiría la paramunicipal.

Otro más sería el adeudo de 265 millones de pesos que la Comisión tiene con la CFE, para cuyo cobro la paraestatal sigue acciones legales tendentes a obtener un pago pronto previendo el final del sexenio.

Atrincherada en un juicio de amparo, Capama no ha pagado el consumo de energía eléctrica de los últimos 15 meses.

La CFE aseveró en un comunicado que el amparo no libera a la paramunicipal del pago del consumo de energía, por lo que se prevé que, al acercarse el cierre del sexenio, la Comisión presione para obtener su dinero.

En algún momento, la regidora Gloria Sierra expresó que la Capama vive la peor debacle de su historia; dijo que la paramunicipal no está guardando el dinero que deja de pagar a la CFE.

Cuando se le preguntó al alcalde Evodio Velázquez si eso era verdad, se negó a contestar.

Por tanto, no sería remoto que en cualquier momento la CFE proceda al corte del suministro de energía a los sistemas hidráulicos y deje sin agua a la ciudad, como una medida de presión para que se cubra la deuda.

Es obvio que la Capama no se encuentra en su mejor momento y que, con los problemas que se le vienen encima, arrastrará consigo a la población.

El ambiente político ha alcanzado tan altos niveles de calentamiento en Chilpancingo a raíz de las pretensiones del alcalde con permiso Marco Antonio Leyva Mena, que de plano el gobernador, Héctor Astudillo Flores, tuvo que salir al paso para responsabilizarlo del quebranto económico de la administración municipal.

El jefe del Ejecutivo estatal expresó que Leyva Mena deberá responder de la situación financiera ante la Auditoría General del Estado (AGE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que, aseguró, interviene ya.

Llama la atención que, si está tan mal financieramente la alcaldía capitalina, sea hasta ahora que está interviniendo la ASF.

No puede responsabilizarse al jefe del Ejecutivo del estado de no intervenir oportunamente para corregir el estado desastroso en el que, acusan, se encuentra el ayuntamiento capitalino, porque no le corresponde hacerlo, mas no puede decirse lo mismo de la ASF ni de la AGE, organismo dependiente del Congreso local, responsable de la fiscalización de los recursos públicos de los ayuntamientos.

Es bien sabido que los ayuntamientos hacen llegar al Congreso estatal sus cuentas públicas correspondientes cuando menos cuatro veces al año, por lo que detecta si hay irregularidades y con base en ello les envía las observaciones pertinentes que los municipios deberán solventar oportunamente, pues de no hacerlo la AGE llega a proceder incluso penalmente.

No obstante, en los dos años de ejercicio que tuvo Leyva Mena nunca se supo que no haya enviado sus cuentas públicas, ni que le hayan enviado observaciones para que las justificara ni que tampoco lo haya hecho, lo que permite concluir que todo en el ayuntamiento capitalino marchaba sin novedad, empero, ahora salen con que las finanzas son un caos.

Fue público y notorio, sí, que el munícipe no pudo resolver el problema de la basura, que inundaba la capital, como también lo fue que no hizo lo suficiente para frenar la violencia y la inseguridad, factura que le cobraban los empresarios y ahora que el alcalde pretende regresar, lo vuelven a hacer, pero no se habló de quebranto financiero.

Afirman ahora que Leyva Mena solicitó permiso para dejar el cargo a efecto de evitar que en el Congreso se turnara al pleno la solicitud de revocación de mandato.

Ya lejos del poder el alcalde, todo mundo estaba tranquilo y había quienes habían alcanzado la felicidad; nadie mencionaba problemas que haya dejado el edil, más ahora que se propone regresar, resulta que las finanzas son un desastre, problema que no surgió de la noche a la mañana, pero que están dispuestos a cobrarle hoy por no someterse, dejando traslucir el caso la lucha de poder y el juego de intereses, en lo que hace su aparición la complicidad, la impunidad y el ajuste de cuentas.

Archivo

« Febrero 2018 »
Lun Mar Mier Jue Vie Sáb Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28