Si, como afirmó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en su visita a Acapulco este viernes 18, el gobernador Héctor Astudillo “cuenta con todo el respaldo de la Federación, todo su apoyo, para hacer de Guerrero el gran estado que es y eliminar los problemas, en particular el de seguridad”, habrá que entender que, de plano, el gobierno de la República ha sido incapaz de resolver la inseguridad, la misma que durante su campaña se comprometió a abatir el presidente Enrique Peña Nieto.

Al inaugurar la 119 Jornada Nacional del Notariado Mexicano, el funcionario federal se lució; no dejó la más pequeña duda de que el gobierno estatal cuenta con todo el apoyo del gobierno federal; sin embargo, los resultados, particularmente en cuanto a la violencia y la inseguridad, no han sido los esperados, sino, por lo contrario, la situación ha empeorado, porque la comisión de asesinatos dolosos ha ido en aumento constante.

Rápidamente halló una justificación al fracaso en este renglón. “Este problema no se resolverá con fórmulas mágicas, sino con esfuerzo, con trabajo, con disciplina”.

Tal vez porque acaba de asumir el mando de la SG, Navarrete Prida no se ha dado cuenta de que el actual sexenio está a punto de terminar y es esta la hora en que los resultados de ese esfuerzo, ese trabajo, esa disciplina, están muy lejos de los resultados que puedan dar a los guerrerenses la tranquilidad con la que puedan vivir en paz.

El martes 15 de mayo comenzó en Stuttgart, Alemania, el juicio contra la compañía Heckler & Koch por haber vendido fusiles de asalto tipo G-36 –potente, preciso y aguantador– a gobiernos estatales mexicanos que estaban en una especie de lista negra del gobierno alemán, por la facilidad con que las armas acababan siendo usadas para reprimir protestas sociales o caían en manos de delincuentes.

En el caso de Guerrero, ya en 2015, periodistas y activistas mexicanos habían documentado que armas de H&K fueron usadas en el ataque contra normalistas de Ayotzinapa el 26 y el 27 de octubre de 2014, con saldo de 43 desaparecidos, además de seis muertos y decenas de heridos.

El fabricante desobedeció una prohibición de su gobierno, y hoy está en el banquillo de los acusados para responder por esa infracción. Este incidente describe con claridad el peligro que enfrentan las sociedades a causa de la industria armamentista en un sistema neoliberal. El objetivo de la industra el de todo negocio: vender por encima de la competencia, para lo cual tiene que innovar y ofrecer a sus clientes no sólo las armas más modernas y efectivas, sino también las más baratas en la relación costo-beneficio. Ello, por supuesto, implica una competencia feroz y permanente.

En la visión neoliberal no cabe la posibilidad de que el Estado se haga cargo de la producción de las armas con las que ejercer el legítimo monopolio de la violencia para preservar el estado de derecho, pues eso implicaría una distorsión de la economía, además de que, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el Estado ha demostrado ser, como administrador, de los malos, el peor.

Así que la solución a este problema no puede ser otro que el de economía de mercado con la rectoría de un Estado fuerte, algo así como el caso del incidente alemán mencionado: hay leyes, a las que deben estar sometidos incluso los fabricantes de armas, y quien las viole deberá pagar las consecuencias de ello.

La reingeniería que supuestamente constituiría la Ley 912 y que supuestamente evitaría el colapso del sistema de pensiones para los servidores públicos del servicio del estado trastabilló para finalmente parar en el fondo del acantilado.

De otra manera no se encontraría explicación al hecho de que, cada mes, cientos de jubilados y pensionados afiliados al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg) salgan a las calles con su cauda de problemas de salud para protestar contra las autoridades porque no les pagan su pensión.

A los pensionados y jubilados del Issspeg los está venciendo no sólo el tiempo, sino también el gobierno del estado, al incumplirles el organismo la entrega de lo que legalmente les corresponde.

Evidentemente, de nada sirvió que en 2011 el gobierno de Ángel Aguirre Rivero presentara al Congreso local y se aprobara la Ley 912, que garantizaría el disfrute pleno de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones, puesto que actualmente las deudas millonarias que ayuntamientos tienen con la institución y cuyos responsables no se atreven a hacer efectivas para no crearse problemas políticos, lo tienen hundido, mientras hombres y mujeres adultos mayores, apoyados muchos de ellos en bastones y hasta en andaderas, deambulan penosamente por calles y plazas públicas demandando el pago correspondiente.

Este jueves, Arturo García Urióstegui, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado de Guerrero, reclamó: “estamos cansados del trato que nos dan, de los retrasos en nuestros pagos; nunca hay dinero para pagarnos… Hay compañeros a los que adeudan hasta tres o cuatro años de salarios caídos”.

En tales condiciones se encuentran 4 mil 500 jubilados y pensionados a los que les adeudan diversas cantidades, a algunos desde 2014.

Recordó que el municipio de Acapulco adeuda 160 millones de pesos al Issspeg; la Capama, 140 millones de pesos; Chilpancingo, 65 millones de pesos; Tixtla, Iguala y Taxco, unos 40 millones de pesos.

Lo más grave de todo es que nadie les hace caso. n

La postura de Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, respecto a anular la Reforma Educativa, adquiere fuerza en la medida en que este cambio, a cuatro años de haber entrado en vigor, no ha arrojado resultados favorables o, cuando menos no se han visto.

Probablemente contiene, como sucede con todo pues nada es blanco o negro, algunos puntos positivos, pero ha sucedido entonces que los encargados de aplicar los lineamientos correspondientes o no han podido o de plano se han desentendido del tema, que para el caso las consecuencias son las mismas.

Los cuestionamientos a la reforma son múltiples, sobresaliendo entre ellos las condiciones de deterioro en que se encuentran los planteles educativos, mismos en los que no se refleja ninguna mejoría.

Otro más, que vale la pena mencionar, son las condiciones laborales de los docentes de reciente contratación, muchos de los cuales, después de haber laborado por un mes, quedan al garete fenecido el contrato, encontrándose en una situación de incertidumbre.

Algo peor: muchos que aprobaron el examen no han recibido contrato alguno.

Nuevo fiscal

May 28, 2018

Este lunes 14, durante la comparecencia en el Congreso local, el diputado perredista Silvano Blanco Deaquino, le había espetado a Jorge Zuriel de los Santos: “ya sabemos que usted será el próximo fiscal”. “El secretario general (de Gobierno, Florencio Salazar Adame), quiere tomar el control de la Fiscalía, y quizás no sea malo. Le ha quedado a deber mucho al estado de Guerrero; ha sido sólo un adorno en ese espacio (la Secretaría General), porque él es el principal responsable de coordinar los esfuerzos de seguridad en el estado y no lo ha hecho, lamentablemente”.

Deaquino transpiraba malestar al hacer referencia a que Zuriel de los Santos –uno de los tres componentes de la terna enviada al Congreso por el gobernador– era un recomendado.

El martes 15, pese a la inicial oposición de la bancada perredista, Zuriel de los Santos fue designado fiscal con 43 votos de los 44 diputados presentes.

Zuriel llega con la etiqueta de recomendado por un gobierno emanado del PRI, tal como llegó Xavier Olea Peláez, a quien, pese a su ineficaz desempeño, ese mismo priísmo lo sostuvo y apoyó en el Congreso contra viento y marea.

La diputación de Movimiento Ciudadano fue incisivo y constante en sus acusaciones contra Olea Peláez.

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