Atoyac, 28 de diciembre. Para la dirigente estatal del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cometió una falta de respeto al pueblo de Guerrero al permitir que el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, usando sus siglas, participe en busca de la candidatura a diputado federal. 

Dijo que su organización respalda el acto que realizaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para frustrar el arranque de precampaña del ex mandatario estatal en Ayutla, “porque su intención es demandar la presentación con vida de sus hijos a quien era el gobernador cuando desaparecieron, ante la falta de resultados hasta la fecha”.

Sin embargo, manifestó que Aguirre Rivero está en su derecho, como ciudadano, de buscar una candidatura, “y que sean los votantes los que tengan la última palabra”, dijo.

En entrevista, sostuvo que el PRD cometió una falta de respeto al pueblo al permitir que Ángel Aguirre busque, con las siglas de ese instituto político, la candidatura a diputado federal. 

Chilpancingo, 23 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de mostrar respeto por los derechos humanos al promulgar la Ley de Seguridad Interior, reclamó la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. 

La activista lamentó que el presidente de México haya promulgado la Ley a pesar de todos los pronunciamientos en contra así como de las múltiples evidencias que se demostraron contra dicha ley. 

Criticó la postura del Ejecutivo de no escuchar a organismos internacionales de derechos humanos quienes advirtieron las graves consecuencias que traerá la presencia de las fuerzas armadas en las calles. 

“Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, reclamó la activista. Tania Reneaum remarcó que el presidente Enrique Peña Nieto “ha perdido la oportunidad” de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos, al emitir una ley que pone en grave peligro los derechos de las personas. 

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Centro Regional para la Defensa de los Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad


Chilpancingo, Guerrero a 22 de diciembre.- Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, sin que se realizara ningún acto protocolario y apenas con una mención de Enrique Peña Nieto sobre su publicación en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, concluyendo su proceso de promulgación plagado de irregularidades y con una fuerte falta de legitimidad por parte de la sociedad mexicana en general.

En su discurso Enrique Peña Nieto señaló que no emitirá Declaratoria de Protección de Seguridad Interior en los términos de esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis sobre su constitucionalidad. Sin embargo, también enfatizó que ese hecho no significaría que dejaría de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública, con lo cual se expresó la voluntad política del Estado mexicano de no retirar a las fuerzas armadas de labores de seguridad pública.

Como organizaciones civiles de derechos humanos expresamos nuestra profunda indignación y lamentamos que los poderes legislativo y ejecutivo hicieran oídos sordos ante las múltiples peticiones de rechazo y que ahora pretenda imponerse un régimen de excepción con el falso argumento de la seguridad. La Ley de Seguridad Interior no ha incorporado los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza pública y muchos menos ha atendido aquéllos relacionados con el establecimiento de estados de excepción para garantizar los derechos humanos de la población, como la Observación General No. 29 del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por ello, consideramos que la promulgación de la Ley representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y refleja un claro rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones que han hecho varios mecanismos de Naciones Unidas.

La amenaza para el respeto de los derechos humanos que representa esta ley es inminente, por lo que reiteramos nuestro rechazo y hacemos un llamado urgente para que nuestro máximo tribunal mexicano escuche a la sociedad civil y atienda debidamente el reclamo internacional de frenar esta legislación, declarando su inconstitucionalidad e inconvencionalidad.

Como centros de derechos humanos realizaremos un monitoreo constante sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército y seguiremos impulsando las acciones necesarias para que sea declarada inconstitucional.

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