La violencia de género debe ser atendida en cualquier MP, señala Martínez Hernández

Los agentes del Ministerio Público en el estado minimizan este problema, reclaman la dirigente


En Guerrero, las mujeres están completamente indefensas, en términos de procuración y aplicación de justicia: cuando una pretende poner una denuncia, la mandan de una agencia a otra, que porque no le tocó porque corresponde a lo familiar, o que si es amenaza, aquí no me toca, hay en Acapulco solamente dos ministerios públicos y generalmente hay por lo menos seis mujeres esperando, denunció la presidenta de la asociación civil Mujeres y Hombres Trabajando Juntos, María de Jesús Martínez Hernández. 

“Me ha tocado ver cómo las mandan de una agencia a otra, que lo de lo familiar no les corresponde, o si la amenazó pues no, es en otra agencia, pero que sepan que desde el momento que una mujer denuncia, existe el delito de violencia de género, y se debe canalizar por ahí cualquier maltrato a la mujer”, señaló. 

En entrevista, la dirigente señaló que a pesar de que en Guerrero hay ocho municipios con alerta de violencia de género, entre los cuales se encuentra Acapulco, los agentes del Ministerio Público minimizan el problema de la violencia hacia las mujeres, para empezar, desde que al momento de intentar hacer una denuncia, salen con que no hay hojas para hacer el trámite. 

“Se lo hemos dicho al secretario (de Gobierno, Florencio Salazar Adame), se lo hemos dicho al gobernador.

Llaman a denunciar cualquier tipo de violencia contra mujeres


Usuarias de redes sociales compartieron un texto con los hashtags “Ni una más” “Ni una menos”, en el que exigieron una investigación por los asesinatos de Azucena, joven que desapareció en Chilapa junto con su bebé, el de la joven nutrióloga Magdalena, y por los demás feminicidios ocurridos en Guerrero. 

A través de las redes sociales de Facebook y Twitter, mujeres y hombres llamaron a denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, para evitar más asesinatos. 

Apenas el lunes pasado, la joven nutrióloga Magdalena Aguilar, fue encontrada desmembrada en el municipio de Taxco. 

El crimen de Magdalena provocó el repudio de diferentes sectores de la sociedad, debido a la brutalidad con la que fue cometido: la desmembraron y sus restos fueron congelados y cocinados. 

Los acusados por el asesinato de Magdalena son su suegra, quien ya fue detenida, y su ex esposo y padre de sus dos hijos, quien se encuentra prófugo y por quien la Fiscalía General del Estado ofrece una recompensa de 500 mil pesos. 

Flaquezas

Ago 18, 2018

Más que mostrar voluntad para esclarecer el feminicidio de Magdalena Aguilar Romero, la recompensa de 500 mil pesos que este miércoles ofreció el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, para localizar al principal sospechoso, evidencia las penurias de la institución que dirige en lo que se refiere a capacidad técnica para sacar adelante una investigación criminal.

No es, por supuesto, la misma situación en todas las fiscalías. En países desarrollados emplean el método de divulgar casos difíciles en los medios de comunicación masiva para obtener la ayuda del público en la localización de sospechosos.

Pero es del dominio público que a la Fiscalía del estado –y, en general, a las fiscalías de todo el país– le faltan recursos humanos, materiales y financieros para cumplir su delicada función social.

Un indicio de que, a pesar de todas las modernizaciones, el aparato de procuración de justicia de México no está a la altura del momento histórico que vive el país, es la polémica entre los críticos y los defensores del nuevo sistema de justicia penal. Los primeros señalan a la nueva reglamentación como la causante de que los delitos del fuero común hayan incrementado de manera casi exponencial en algunas ciudades del país –el ejemplo más claro es la Ciudad de México–; los segundos argumentan que el problema es que las autoridades no están haciendo bien su trabajo; que no hacen algo tan elemental como alimentar la base de datos de detenidos, de modo que no es fácil saber cuando alguno es reincidente.

Preocupa la saña con que las féminas son asesinadas: Tlachinollan


Tlapa, 19 de enero. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, condenó los 19 feminicidios que se han registrado en las primeras semanas del año, por lo que instó al gobierno del estado a reconocer que existe una crisis de seguridad y violencia. 

Neil Arias, abogada de Tlachinollan que ha documentado los casos de feminicidios, consideró que es alarmante la situación de violencia que se vive en el estado de Guerrero, más por los 19 feminicidios que se han registrado hasta la fecha. 

“Se han registrado 19 feminicidios en lo que va del año; lo que más nos preocupa es la saña con la que son asesinadas, la forma de mostrar sus cuerpos, de cercenarlos, descuartizarlos, esto ha rebasado la seguridad para las mujeres”, indicó la abogada. Aseguró que con los niveles de violencia que tiene el estado se demuestra el poco interés que tienen las autoridades para generar una estabilidad en la seguridad para los ciudadanos. 

“Es lamentable que el gobernador del estado argumente que se ha reducido el nivel de violencia, pero la propia población es testigo por lo que se ve en las calles, lo que se lee en el periódico de cuántas personas son asesinadas días tras día”, subrayó. 

A pesar de la declaratoria de alerta de género en el estado, la abogada aseguró que no se han notado avances o cambios en el mejoramiento de la atención a mujeres víctimas de violencia. 

Desde el 22 de junio pasado se decretó la medida en 8 municipios, se quejan


El pasado diciembre entregaron un escrito a autoridades para que implementen un programa emergente

Continúan sin cumplirse las medidas recomendadas al decretarse la alerta de género en ocho municipios de Guerrero, el pasado 22 de junio, advirtieron defensoras de derechos humanos de las mujeres. 

De acuerdo a un conteo de La Jornada Guerrero, en Acapulco se registró la muerte violenta de 70 mujeres durante 2017, mientras que en 2016 se registraron 78 casos de féminas muertas de forma violenta. 

El seguimiento incluye mujeres que murieron acribilladas, en solitario o con su pareja, que fueron encontradas en cementerios clandestinos, otras víctimas murieron golpeadas o lapidadas. 

El pasado 18 de diciembre, organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres entregaron un manifiesto a autoridades municipales, para exigir que implementen los programas emergentes concernientes a la alerta de género. 

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