Ciudad de México, 27 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo de esas características, que atendiera la problemática que nuestro país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos, sin menoscabo del cabal ejercicio de las atribuciones estatales.

Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal. Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional.

La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

Chilpancingo, 23 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de mostrar respeto por los derechos humanos al promulgar la Ley de Seguridad Interior, reclamó la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. 

La activista lamentó que el presidente de México haya promulgado la Ley a pesar de todos los pronunciamientos en contra así como de las múltiples evidencias que se demostraron contra dicha ley. 

Criticó la postura del Ejecutivo de no escuchar a organismos internacionales de derechos humanos quienes advirtieron las graves consecuencias que traerá la presencia de las fuerzas armadas en las calles. 

“Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, reclamó la activista. Tania Reneaum remarcó que el presidente Enrique Peña Nieto “ha perdido la oportunidad” de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos, al emitir una ley que pone en grave peligro los derechos de las personas. 

Ha sido omiso en cumplir obligaciones de protección, critican


El año que concluye ha sido el del mayor incremento de violaciones a los derechos de los migrantes, tanto de zonas indígenas como mestizas, alertó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todas. 

“La persecución de personas migrantes transitando por las distintas rutas migratorias del país fue persistente a lo largo de este año, y se acompañó de un incremento en la violencia contra esta población y contra quienes les defienden. 

El resultado ha sido la detención y expulsión expedita de miles de personas, devueltas por la fuerza a la violencia y el peligro de muerte del que intentaron huir.

Nos resulta particularmente preocupante el incremento en la participación de efectivos militares en esta estrategia”, estableció la Red, que aglutina a 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana. 

Entre sus organizaciones destacan organismos de defensa de migrantes como La Casa del Migrante, de Saltillo; Haciendo Camino, de Chihuahua; Estancia del Migrante González y Martínez, AC, de Querétaro; y de derechos humanos como el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Comité Cerezo, los centros de derechos humanos La Montaña Tlachonillan y José María Morelos, de Guerrero; Agustín Pro Juárez, de la Ciudad de México; Fray Matías de Córdova, de Tapachula; de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, de Tatahuicapan de Juárez; Victoria Diez, de León; Digna Ochoa, de Tonalá; Centro de Derechos Indígenas de Bachajón; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, de Oaxaca, entre muchos más. 

Mañana estarán en Chilpancingo, y el miércoles, en Chilapa


Este martes, integrantes de la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) emprenderán una misión especial de observación y registro de violaciones a los derechos humanos en Guerrero.

Defensores de garantías esperan reunirse con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

El martes estarán en Chilpancingo, y el miércoles, en Chilapa.

Señalaron que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 21 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Guerrero, mientras que en el país han sido asesinados 106 defensores de garantías.

En entrevista, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Fernando Ríos Martínez, enfatizó que “estamos muy consternados con lo que sucede en todo el país”, y señaló que el estado de Guerrero se encuentra entre las cuatro entidades más peligrosas para defender los derechos humanos.

La Ley General Víctimas publicada en 2013 prevé una compleja estructura institucional destinada a brindar atención y garantizar los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entre los derechos de las víctimas se cuenta la compensación, como parte de la reparación integral, que es la erogación económica que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. 

En términos del artículo 64 de esa ley, la compensación incluirá resarcimiento por, como mínimo, la reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; la reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral; el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; la pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos; el pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado; el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física; y los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento. 

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