¿Show priísta?

Jun 23, 2018

Cierto regocijo debió causar entre guerrerenses –chilpancinguenses sobre todo– el comunicado de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el sentido de que el priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al comprobársele irregularidades en la compra de predios para edificar casas para los damnificados por las lluvias de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, mismas en que supuestamente incurrió cuando fungía como delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). 

Numerosas fueron las quejas, convertidas en un clamor en su momento, contra Vicario Castrejón, relacionado sobre todo con el fraccionamiento Nuevo Mirador, en Chilpancingo, donde fue necesario incluso reconstruir viviendas que, siendo nuevas, no pudieron ser habitadas por los damnificados. 

Irregularidades como ésta, dieron origen a que el nuevo delegado de Sedatu, José Manuel Armenta Tello, presentara, según su propia versión, 12 denuncias ante la Procuraduría General de la República por fallas en obras de reconstrucción de viviendas, escuelas, carreteras, puentes y clínicas de salud. La medida dictada por la SFP, no obstante, no puede ser considerada aún como un acto de justicia, puesto que el ex funcionario, convertido actualmente en diputado local, dispone de 15 días para presentar sus argumentaciones. 

Vicario Castrejón, cuyo castigo consistiría en no poder desempeñar ningún puesto público durante 10 años, tiempo que ya empezó a correr, asegura que buscará echar abajo la inhabilitación presentando 21 pruebas de que no cometió ninguna anomalía. 

Pocas han sido las inhabilitaciones a funcionarios públicos en este sentido; hasta donde se sabe, ningún gobierno se ha encargado de verificar que se cumplan, pues termina una administración y la que sigue no se ocupa de dar seguimiento, si de por sí se considera que la sanción carece de energía, abriendo aún más las puertas a la impunidad y a la corrupción. Poco importó al PRI que la honorabilidad de Vicario Castrejón estuviera en entredicho y marcada por el escándalo; lo convirtió, tal vez para protegerlo, en diputado local de la actual legislatura, donde permanecerá hasta 2018; a nadie sorprendería que sus amigos los legisladores priístas hicieran cuanto estuviera en su mano para que salga bien librado del trance, tal como lo hicieron con su colega el diputado Saúl Beltrán Orozco, en favor de quien maniobraron para liberarlo de la acusación de homicidio y posiblemente de su estancia en la cárcel. 

Aunque tiene en su contra el repudio público, legalmente no se sabe aún si Vicario es culpable o inocente; lo que sí se sabe, sin lugar a dudas, es que en el programa de reconstrucción por Manuel e Ingrid, afloraron muchas anomalías, como lo evidencian las 12 denuncias interpuestas por Armenta Tello, por lo tanto, también hay culpables, que deberían pagar por sus fechorías. 

La justicia, reza un adagio, es lenta pero llega; en este caso, ha demostrado su lentitud, pero se duda que vaya a llegar, debido a la red de componendas y complicidades entre funcionarios. 

No vaya a ser que, ante las cercanías de las elecciones, el PRI quiera mostrar otra de sus supuestas acciones contra la corrupción para lavar su cara, porque nadie se lo va a creer. n 

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