Llama ONG a no normalizar la violencia


La Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, en un comunicado denuncia que el gobierno estatal no ha detenido a los responsables del atroz asesinato del dirigente de ese organismo, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su chofer, al contrario, señala que en La Montaña baja y en otras partes de la entidad persisten los asesinatos a la vista de las fuerzas de seguridad; las condiciones de inseguridad que mantienen a las escuelas cerradas ante las amenazas a los profesores; el transporte es irregular e incluso hay comunidades que ya no cuentan con este servicio. 

Afirma la organización que esta situación ya no puede seguir, ya no quieren más familias que sufran el dolor de perder un ser querido, por lo que hace un llamado a los tres niveles de gobierno para, primero, que paren toda la violencia que vive la población en La Montaña baja y en todo el estado de Guerrero. 

Segundo, exige una investigación imparcial, científica y exhaustiva conforme a los protocolos internacionales, la cual lleve a la detención de los autores materiales e intelectuales del asesinato de sus cuatro compañeros. 

Promueven entre mujeres de Tecpan la autoexploración


Tecpan, 29 de octubre. Desde 2015, Guerrero figura entre las primeras cinco entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino en el país, por lo que integrantes de la Organización Por el Orgullo y la Dignidad de las Mujeres efectuaron una campaña de información en el mercado Lázaro Cárdenas del Río de Tecpan, como parte de las actividades relacionadas con el Mes Internacional de Sensibilización sobre Cáncer de Mama.

La jornada también pretende que las mujeres de Tecpan se practiquen la autoexploración, como forma de detectar posibles malformaciones que pudieran derivar en cáncer, además de prevenir futuros casos ya que en este municipio se incrementaron los casos de cáncer de mama y cervicouterino en los últimos años, explicó María de Jesús Pantoja Hernández, vocera de la organización.

Durante la jornada, que inició a las 8 de la mañana, las activistas entregaron trípticos con información sobre cuáles son las maneras de autoexploración que pueden efectuar en su cuerpo e información sobre las formas de prevenir la enfermedad, y además colocaron moños rojos a las mujeres que acudieron a la plaza comercial.

Terminar con políticas de discriminación contra indígenas de la Montaña, el fin, dice

Llega en un momento coyuntural para reconocer el trabajo de ONG, indica Abel Barrera Hernández


Tlapa, 11 de octubre. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, fue acreedor del premio Amalia Solórzano, por su labor en defensa y promoción de los derechos humanos en el estado de Guerrero. Así mismo, aseguró que el premio llegó en un momento coyuntural para reconocer el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en un México lleno de violencia.

El premio  Amalia Solórzano, es entregado a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo en la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, la lucha contra la marginación y las exclusiones sociales, los derechos humanos, la integración latinoamericana, la educación, la ciencia y cultura.

En entrevista con Abel Barrera, este aseguró que el premio sería una forma de visibilizar el trabajo fundamentar que realiza la organización de derechos humanos por la lucha de la democracia en México.

“Para nosotros este premio nos dará un impulso para continuar promoviendo el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que el trabajo que hemos realizado como organización desinteresada continua dando frutos para lograr una democracia”, indicó.

Aseguró que Tlachinollan, continuará su trabajo social con el cual ha logrado reconocer los derechos de los pueblos y las familias indígenas mas pobres del México.

“Creemos que el tema de los derechos humanos es una realidad, en estos tiempos tan caóticos, de mucha violencia, de corrupción, omisión y discriminación de las autoridades a los pueblos”, agregó.

Resaltó que la organización de derechos humanos que naciera hace 23 años, ha tenido como fin la construcción de la democracia, el respeto de la dignidad de las personas, terminar con las políticas que discriminan, excluyen y atentan contra la vida de los pueblos indígenas de La Montaña.

Barrera Hernández, reconoció que el premio será de gran importancia para continuar apoyando la lucha de los padres que aun buscan a sus hijos, quienes no han dejado la demanda de la presentación con vida de 43 jóvenes.

“El premio servirá reconocer que el trabajo que hacen los defensores de derechos humanos ha sido fundamental para México, quienes le hemos dado rostro a los desaparecidos, voz a los oprimidos, evidenciando la corrupción, los crímenes de estado y el involucramiento del crimen organizado con los agentes del estado”, concluyó.

Advierten que de no hacerlo se perpetuará la impunidad en torno a este delito


Chilpancingo, 10 de septiembre. Organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México apremiaron a la Cámara de Diputados a que integre a la Ley General Contra la Desaparición Forzada las observaciones que organizaciones hicieron a fin de combatir este delito y la impunidad.

En una carta dirigida a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia de la Cámara de Diputados, los representantes de estas organizaciones sociales exigieron a los legisladores que en este periodo de sesiones se integren las propuestas que hicieron, entre las que destacan eliminar del dictamen el término “persona no localizada”, así como definir de manera diferenciada a la persona desaparecida de manera forzada y a la persona desaparecida a manos de particulares, en el título primero, capítulo primero, artículo 4.

Además indicaron que se debe modificar el título tercero, capítulo séptimo, sección primera, relacionado al Registro Nacional, el cual deberá llevar por denominación Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

El dictamen debe establecer la responsabilidad del superior jerárquico en los casos de desaparición forzada, por lo que deberá modificarse el título segundo, capítulo tercero, artículo 29, para que quede exactamente como lo acordó la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada en su artículo 6.

Asimismo, piden a los diputados que se establezcan las actuaciones para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, además de agregar el acceso a cuarteles militares o a cualquier lugar perteneciente a las Fuerzas Armadas para la búsqueda de las víctimas, y la actuación inmediata de las autoridades cuando haya conocimiento de la probable comisión de desaparición forzada.

Demandan modificar la legislación necesaria, para crear el Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses, del cual dependerá el Banco Nacional de Datos Forenses.

Piden la creación de una instancia especial para la búsqueda inmediata y permanente de todas las víctimas de desaparición forzada de la época de la guerra sucia.

Exigen establecer que los agentes del Estado adscritos a las Fuerzas Armadas, sin importar su jerarquía, deben ser juzgados bajo la jurisdicción civil. Por ningún motivo bajo la jurisdicción militar.

Solicitan agregar un artículo transitorio en el que se especifique la reclasificación de los delitos, cuando estos hayan sido clasificados como otros que no sean desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Piden especificar que se debe contar con un presupuesto para otorgar las medidas de seguridad y reparación integral del daño de las víctimas, ajeno al otorgado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

También, que todos los agentes del Estado involucrados en una desaparición forzada quedarán inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público, además de que la pena mínima no pude ser menor a 20 años de privación de la libertad.

“De ser aprobada esta ley tal y como la envió el Senado, sin integrar estas observaciones, se seguirá perpetuando la impunidad, y el Estado mexicano continuará sin garantizar a las víctimas, familiares y sociedad los derechos de memoria, verdad, justicia, reparación del daño y las garantías de no repetición”, advierten.

Chilpancingo, 28 de agosto. Las integrantes de Red para el Avance Político de la Mujeres Guerrerenses y Equipos Feministas, pidieron al gobierno estatal les incluyan en el Observatorio de Participación Política de Mujeres que se dedicará a observar el próximo proceso electoral de 2018.

Esta petición se suma al plan de acciones de la Red para impulsar un modelo participativo de las mujeres en las elecciones siguientes. La Red consiguió en 2015 que el Tribunal Electoral del Estado fallara en favor del respeto de la paridad de género en las candidaturas locales después que promovieron un juicio ciudadano. Para esta ocasión la Red y Equipos impulsan cuatro talleres regionales de capacitación en materia de derechos políticos de las mujeres, paridad de género y violencia política de género, con el propósito de prevenir cualquier situación de violencia política contra las mujeres.

Este modelo se lo presentaron al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y al gobierno estatal, para que de manera coordinada promuevan e impartan estos talleres en las regiones de Guerrero. Según un comunicado firmado por ambas organizaciones su modelo encaja con la intención del gobierno estatal de crear un observatorio, en el cual pidieron participar, de acuerdo a la propuesta que presentaron hoy junto a su plan de talleres ante oficinas del Ejecutivo estatal.

 

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