Ciudad de México, a 17 de enero. Por unanimidad, el Pleno aprobó el acuerdo, mediante el cual determinó impugnar los artículos 9 , 31 por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpondrá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior (LSI), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.

Sobre el artículo 9 de la LSI, que prevé “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI advierte lo siguiente:  

El legislador ordinario se excede de sus facultades al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

Impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, sin criterio de razonabilidad alguno. De acuerdo con diversas interpretaciones de la SCJN y la Corte Interamericana de los Derechos Humano dichos límites deben ser idóneos, necesarios y proporcionales.

Servirá para romper resistencias en los pueblos, asevera


Zihuatanejo, 10 de enero. El campesino ecologista, Juan Ramón Valdez señaló que en los hechos violentos del pasado domingo en la comunidad de La Concepción, se aplicó una estrategia que ya se hacía, pero ahora se llama Ley de Seguridad Interior y que servirá al gobierno federal para romper las resistencias que haya en los pueblos. Valdez, también integrante del Frente Popular por el Derecho a la Vivienda en Papanoa, expresó que “yo veo que están legalizando una práctica que ya vienen ejerciendo desde hace sexenios, y que hoy, bueno, ya es legal, y los resultados los conocemos, les llamaron daños colaterales, males necesarios, pero sólo vienen a legalizar lo que ya han ido haciendo”. 

“Tratan de intimidar a la resistencia y además van pensando en 2018”, dijo. Sobre si se vulnera la autonomía de los pueblos en resistencia campesina, afirmó que es un intento de dividir a los pueblos y sus formas de organización “yo dudo que lo hagan, pero entorpecen el desarrollo de la lucha, concretamente del Cecop”. 

Subrayó que han estado atentos a las diversas formas de hostigamiento contra el movimiento del Cecop, “desde manejar las elecciones de comisarías, tanto ejidales como municipales, luego hacer dos grupos, uno que está a favor de las gravilleras, y por otro lado de quienes no porque se lleven los recursos, entonces, dividen al pueblo”. 

En conferencia de prensa en el ex Ineban, portavoces del Cecop y la CRAC advirtieron que autoridades pretenden desaparecer a los policías comunitarios porque se oponen a la presa La Parota que el gobierno federal persigue edificar desde hace más de 14 años en el Río Papagayo.

Sin embargo, advirtieron que el gobierno no podrá con la CRAC ni con el Cecop porque se sumarán más comunidades y organizaciones a su lucha.

Explicaron que también se oponen a la instalación de Zonas Económicas Especiales y a la Ley de Seguridad Interior.

Representantes de organizaciones dieron a conocer su postura sobre lo acontecido el domingo anterior en los bienes comunales de Cacahuatepec, cuando 11 personas murieron en el poblado de La Concepción.

El representante de la CRAC señaló que lo ocurrido el domingo en La Concepción durante el despliegue de fuerzas de seguridad fue un fusilamiento, lo que ocasionó la muerte de tres comunitarios más, para un saldo de 11 personas muertas.

Ciudad de México, 27 de diciembre.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respeta la determinación tomada por el Ejecutivo Federal de no ejercer la atribución que le confiere el artículo 72 Constitucional para formular observaciones al proyecto de Ley de Seguridad Interior, pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento.

Desde el inicio del proceso legislativo, la CNDH, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil e instancias nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, plantearon la utilidad y pertinencia de llevar a cabo un diálogo de esas características, que atendiera la problemática que nuestro país enfrenta en materia de seguridad y justicia, con pleno respeto al marco constitucional que nos rige y a los derechos humanos, sin menoscabo del cabal ejercicio de las atribuciones estatales.

Este llamado no fue atendido por la Cámara de Diputados, el Senado de la República y tampoco se pudo concretar mediante la intervención del Poder Ejecutivo Federal. Su ausencia impidió la construcción de consensos entre la sociedad que habría evitado la polarización de posiciones implícita en la solución por la vía jurisdiccional.

La CNDH reitera su convicción de que la Ley de Seguridad Interior posibilita que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, que se afecte el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre entidades, instituciones, órganos del Estado y Poderes, así como el que se apliquen condiciones de excepción a la convivencia democrática entre la sociedad mexicana.

La Ley contraviene principios reconocidos Constitucional y legalmente en materia de transparencia y acceso a la información, protección a las víctimas y respeto a la defensa de los derechos humanos, pues mientras en términos de su artículo 9º toda la información vinculada a su aplicación será reservada, con independencia de su contenido o relevancia, la Ley impone en su artículo 21 a organismos como la CNDH, la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que se les requiera respecto de asuntos que se consideren amenazas o riesgos a la Seguridad Interior.

Chilpancingo, 23 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto perdió la oportunidad de mostrar respeto por los derechos humanos al promulgar la Ley de Seguridad Interior, reclamó la directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum. 

La activista lamentó que el presidente de México haya promulgado la Ley a pesar de todos los pronunciamientos en contra así como de las múltiples evidencias que se demostraron contra dicha ley. 

Criticó la postura del Ejecutivo de no escuchar a organismos internacionales de derechos humanos quienes advirtieron las graves consecuencias que traerá la presencia de las fuerzas armadas en las calles. 

“Esta aprobación es, sin duda alguna, un grave retroceso para los derechos humanos en el país, que cambiará el término de relación entre el Estado y la ciudadanía: se ha puesto en evidencia que el ejercicio democrático de debate y escucha de las voces ciudadanas y expertas no existe”, reclamó la activista. Tania Reneaum remarcó que el presidente Enrique Peña Nieto “ha perdido la oportunidad” de mostrar su respeto por los derechos humanos de millones de mexicanos, al emitir una ley que pone en grave peligro los derechos de las personas. 

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