¡Qué vivan los pueblos originarios!

Escrito por  Sergio Ferrer Jul 30, 2018

No es bien visto desde muchos gobiernos, que sean respetados los derechos de los pueblos originarios, que se les haya dado una legalidad, que no era pedida pero sí necesaria, para establecer un marco de respeto ante el embate de procesos casi irrefrenables de políticas entreguistas o de menosprecio. El tema de las policías comunitarias podría tornarse complejo aunque hay que reconocer diversos puntos a considerar, incluso el propio gobierno estadunidense a través de la USAID tiene su propio modelo de “policía comunitaria”, así con esa denominación, que busca desde hace años sea considerado en e norte del país. Está por otro lado la policía comunitaria de los pueblos que acompaña las labores del comisario municipal, en el sistema de cargos antiguo de las poblaciones rurales.

Sin embargo es de destacarse los casos de la Policía Comunitaria de la Crac-PC de Guerrero, surgida en los 90 después de los procesos reivindicativos encabezados por liderazgos indígenas y en la marejada que vino con el levantamiento zapatista. Ya muchas veces se ha mencionado que frente a las violaciones, abigeatos, abusos  policiales que ocurrían en los caminos, las comunitarias lograron brindar el territorio frenar los crímenes y detallar su proceso de impartición y procuración de justicia, algo que no es bien visto desde el sistema tradicional que mantiene en apariencia el monopolio de la seguridad pública y por políticos en turno como lo dije al principio.

La Policía Comunitaria no es perfecta sin embargo constituye un ejemplo que de ser respetado por los gobiernos y también por la ciudadanía representa un modelo único de protección para las comunidades. Sí, desde hace algunos años han surgido autodefensas, de alguna manera  como ocurrió con Michoacán, dejando aparte los ejemplos de Cherán y de Ostula que tienen un esquema de mayor soporte y significancia en sus comunidades, en Guerrero también fueron surgiendo grupos en la Costa Chica, en la región Centro, Costa Grande, la Sierra.

Los grupos de autodefensa que pueden autonombrarse a mi parecer erróneamente, policías comunitarias, así como policías ciudadanas, guardias rurales y una diversidad de nombres, tienen en muchas ocasiones una serie de errores o detalles de inicio, es verdad que en algún momento pueden ser aprovechadas por grupos de poder, que si no participa una gran parte de los pueblos en sus asambleas constitutivas puede generarse cierto desapego a los principios nobles que las crean y que si no respetan el deber ser tomando en cuenta los fundamentos de policías surgidas desde la base de ellos pueblos  como la de la Crac-PC, serán grupos armados en donde prepondere el abuso o fácilmente pueda haber gente infiltrada de la delincuencia o agentes que busquen desestabilizar la movilización de los pueblos.

En Guerrero se tiene un antecedente de represión a la Policía Comunitaria de la Crac-PC, un ejemplo fue la embestida que emprendió Aguirre Rivero primero dividiendo al dar dinero sin control de las asambleas a coordinadores, entre los que uno de ellos, Eliseo Villar, traicionaría al sistema comunitario para después ser traicionado por el propio Aguirre y que junto con Adelaida Hernández, permanece encarcelado, cuando negó que la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla de los Libres perteneciera a la Crac-PC lo que derivó en la incursión de cuerpos de las fuerzas armadas a El Paraíso y la detención de varios representantes de las Policías Comunitarias que se habían adherido recientemente al sistema comunitario como Olinalá, Ayutla, y Tixtla, de ésta última uno de sus líderes aun permanece injustamente preso, Gonzalo Molina.

En aquella época Aguirre dotó de un millón de pesos a la Crac-PC pero era entregado a Eliseo Villar, para ser usado por el ex gobernador para manipular a la comunitaria y lograr su desestabilización. Ahora, en el gobierno de Astudillo, la violencia e impunidad son un fenómeno que se ha vuelto cotidiano, que ha pesar de los intentos y estrategias que aparentemente son utilizadas por el mandatario estatal poco dan resultado en ciudades como Acapulco, Chilpancingo. Hay que dejar en la mesa un par de consideraciones sobre los intereses que se ciernen sobre Guerrero; las concesiones mineras y los bienes naturales. Quizá a algunas personas les parezca descabellado pero, son cosas que se mantienen ocultas ante los ojos de la mayoría de la población pero que constituyen ejes a largo plazo para el accionar de los gobiernos.

Ya lo comenté en una columna anterior que existe la amenaza de nuevas concesiones mineras en gran parte del territorio guerrerense, de eso, en 2010 la Crac-PC en la Montaña de Guerrero mantuvo la postura férrea de no dar ingreso a mineras. Por otra parte también están los intereses en los recursos madereros y en proyectos de gran magnitud como la presa La Parota en donde confluyen también intereses caciquiles en donde ha sido denunciado que un operador de Astudillo ha comprado tierras y generado división entre comuneros de Cacahuatepec. Allí en esas tierras del Acapulco rural existe un movimiento en defensa del territorio  del agua. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (Cecop) que cumplió 15 años, un aniversario triste al tener en prisión al menos a una veintena de sus integrantes que también forman parte de la Policía Comunitaria adherida a la Crac-PC luego de que en los hechos del 7 de enero fueran asesinadas varias personas en un enfrentamiento, incluidos dos comunitarios. Además de la ejecución extrajudicial cometida por policías estatales en operativo conjunto con fuerzas federales especiales, policías ministeriales y municipales en contra de policías comunitarios y la población. Esa policía del gobierno que abuso de su poder, que disparó impunemente, que arrastró por varios metros a un policía comunitario de la tercera edad que ya se había rendido, esa es la policía que debe ser revisada a efecto de no cometer actos de impunidad.

La Policía Comunitaria de la Crac-PC tiene un fundamento importante, que va intrínseco a la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho que no se puede quitar así como su derecho a la libertad de expresión a través de sus radios comunitarias. Por más que justifiquen que no se busca atentar contra estas policías, sí gobernador, sí es un atentado. Es cierto que los policías comunitarios y sus familias no tienen los recursos para defenderse al nivel en como defienden los políticos perversos sus posturas. Ellos y ellas habitan de manera honesta en las comunidades, son campesinos, saben de las carencias y falta de atención que existe, pero reconocen su deber y obligación que les ha sido encargada. Ellos no están en los anales de la historia formal pero muchos de ellos han sido valientes hombres que han ayudado a preservar la tranquilidad en las comunidades.

La Policía Comunitaria de la Crac-PC no es perfecta, puede tener sus mejoras, sus comentarios, y debe tomar en cuenta los cambios generacionales y las condiciones cambiantes sin embargo, el que busquen deslegitimarles desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado, lujos y visión alejada del campo, constituye un atentado en contra de las comunidades indígenas que viven a la expectativa de cual será el nuevo ataque del gobierno en lugar de esperar un trabajo a favor de las comunidades. n