Principios en la nueva ley sobre desapariciones

Escrito por  Eduardo López Betancourt Jul 07, 2018

La Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, publicada en el Diario Oficial el 22 de junio de este año, prevé un mecanismo jurídico que, tras el hecho dramático de la desaparición de una persona, busca garantizar la continuidad de su personalidad jurídica y sus derechos, particularmente en lo relativo a brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, y otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección de los familiares.

La ley refiere a la Fiscalía Especializada de la Procuraduría General de la República, que será la encargada de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con los delitos señalados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Para el caso especial de las personas migrantes, las  acciones de las autoridades se harán en el marco del llamado Mecanismo de Apoyo Exterior, que es el conjunto de acciones y medidas tendentes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus familias que estén en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones previstas en el sistema jurídico mexicano, así como coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación y persecución de los delitos que realicen las fiscalías especializadas.

Existen diversos principios que las autoridades deberán observar en esta materia, como son los enunciados en el artículo 4º de la Ley. Puede mencionarse en este ámbito el llamado Enfoque Diferencial y Especializado, de acuerdo con el cual las autoridades están obligadas, en el ámbito de sus competencias, a brindar una atención especializada, garantías especiales y medidas de protección a los grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, discapacidad y otros.

En consecuencia, las autoridades han de reconocer que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Entre los grupos antes señalados están considerados como expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos y comunidades indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento forzado interno.

Otro principio relevante es el de máxima protección, de acuerdo con el cual, las autoridades deben velar por la aplicación y el cumplimiento de las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a la persona desaparecida y a sus familiares o a quien tenga un interés jurídico en la Declaración Especial de Ausencia.

En este entendido, el órgano jurisdiccional que conozca de un procedimiento de Declaración Especial de Ausencia debe suplir la deficiencia de los planteamientos consignados en la solicitud.

Paralelamente, entre los principios se menciona el de presunción de vida, que significa que en las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento deben presumir que la persona desaparecida está con vida. n