Los dos López

Escrito por  Ginés Sánchez May 29, 2018

Si hay un político al cual se le han puesto piedras en el camino, mediante bajezas de toda índole durante toda su trayectoria, es Andrés Manuel López Obrador, desde fraudes electorales locales en su natal Tabasco hasta el que lo privó de llegar a la Presidencia en 2006, pasando por el intento de que su administración en el entonces Distrito Federal pagara una multimillonaria suma, previa orden judicial, por un reclamo fraudulento de un predio llamado Paraje San Juan, misma orden que se negó a acatar, hasta las últimas consecuencias, al demostrar que el predio en cuestión siempre había sido propiedad de la Federación, hasta llegar al extremo de que, con toda la fuerza del Estado mexicano, se le quitara el fuero por desobedecer una sentencia de amparo para detener una obra de una calle que comunicaría un hospital y así quitarle sus derechos políticos para contender en el ya citado año 2006.

También padeció una contienda desigual e injusta en 2012, con la compra masiva de votos en aquel proceso electoral, por una operación encabezada por gobernadores del PRI.

Ave de tempestades que hoy, después de tantas injusticias y reveses, está por dar un paso histórico, encabezando un movimiento pacífico de masas como quizá nunca se había visto en México.

Otro personaje de la izquierda mexicana que lleva una trayectoria plagada de escollos en el camino se apellida también López, hijo del histórico líder popular guerrerense de los años 60, Alfredo López Cisneros, El Rey Lopitos, que fue cobardemente asesinado en Acapulco en 1967, es Alberto López Rosas, abogado de profesión, diputado federal, alcalde de ese municipio (de 2002 a 2005) y posteriormente procurador general de Justicia de Guerrero.

Fue acusado, con saña inexplicable y sin fundamento, por el entonces gobernador Zeferino Torreblanca, de corrupción en su gestión como edil municipal, pero demostró por los cauces legales la falsedad de dichos señalamientos. Aun así fue inhabilitado por algunos años, y aunque las instituciones responsables declararon la invalidez de esas resoluciones y las dejaron sin efecto, estas le impidieron participar en el proceso electoral de 2009.

También se le quiso responsabilizar de la primera matanza de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, acaecida en Chilpancingo el 12 de diciembre de 2011, donde (después se demostró) fueron agentes federales los que dispararon. Pero él se separó de su cargo a pocas horas de los trágicos hechos, con todo el peso de las instituciones del Estado y de los medios masivos de comunicación, y con la total complacencia del entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa.

Pretendieron culparlo, y no lo lograron; se alegó “autoridad indeterminada”, esto es que no se podía determinar cuál de las corporaciones policiacas, la federal o la local, había privado de la vida a los dos estudiantes aquel día, si bien también falleció Gonzalo Miguel Rivas Cámara, el operador de la gasolinera que cerró una válvula para evitar una tragedia aun mayor.

Más adelante, la actual administración estatal sugirió que él, como procurador, había manipulado el caso, siendo que, como ya se mencionó, él se separó de la Procuraduría menos de 24 horas después de ocurridos los hechos.

Ante toda esta tormenta, ante la cual más de uno se habrían hecho a un lado, salió avante y con la cara al sol.

Hace pocos días, un juez lo exoneró de la acusación del cabildo de Acapulco de haber desviado más de 48 millones de pesos, los cuales ya se comprobó que fueron utilizados en obra pública, y además fueron ejecutadas más de 20 obras con la colaboración de los organismos colegiados en materia de inversión publica, tanto estatal como municipal.

Por interpretación de la ley y de tecnicismos jurídicos, se había condenado al ex alcalde al pago de esos 48 millones de pesos, pero un juez ordenó ya al ayuntamiento resarcir a la Federación dicha cantidad, con intereses, actualizaciones, recargos y costes del juicio incluidos.

En resumen, se acreditó que esos recursos se aplicaron de modo íntegro en beneficio del municipio de Acapulco. En conferencia de prensa, y con un expediente de casi cuatro kilos, el ex edil solicitó al actual cabildo no apelar la resolución, pues esto supondría seguir violando sus derechos, que como autoridad está obligado a respetar.

Así, el prestigiado jurista y servidor público dejó en claro, una vez más, que sus derechos políticos están en plena vigencia, que sólo ve hacia delante, apoyando desde la sociedad civil y con el pueblo que lo estima, sigue y aprecia, el proyecto de regeneración nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Los dos señores López parecen decir al unísono: “¡Caminante, no hay camino; se hace camino al andar!”. n