Nestora, ni culpable, ni inocente

Escrito por  Isidro Bautista Soriano May 24, 2018

Es verdad, a Nestora Salgado García nadie debe llamarla secuestradora, porque su caso aún está pendiente de resolver, y por tanto, tampoco ella puede decir que es inocente.

Durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero la sometieron a proceso por el delito de secuestro agravado en agravio de 11 personas, entre éstas cuatro mujeres menores de edad, con 11 denunciantes en contra; con el de Rogelio Ortega Martínez recobró su libertad, y con el de Héctor Astudillo Flores la resolución que la puso en libertad tiene interpuestas tres apelaciones.

Las apelaciones no han marchado en razón de la imposibilidad para notificarlas, pues se ha aducido que Nestora Salgado vive en Estados Unidos.

Si su aprehensión hubiese sido hecha en forma ilegal, la habrían liberado en pocos días.

¿Por qué Andrés Manuel López Obrador, en el debate, no la defendió?

El 18 de diciembre de 2013, Nestora Salgado, al rendir declaración preparatoria, manifestó ser casada, de 41 años de edad, originaria de Olinalá, de ocupación comisionista de gas, que sí sabe leer y escribir por haber cursado hasta el primer grado de la educación secundaria, de religión católica y que no es integrante de ningún grupo étnico.

Admitió entonces que no fue elegida por los pueblos indígenas, sino por una asamblea de barrios de la cabecera municipal de Olinalá; es decir que no fue elegida según la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Uno de los denunciantes, en su declaración ministerial del 15 de agosto de 2013, aseguró que recibió una llamada, y que al contestar, la mujer al otro lado de la línea expresó: “señor, soy la comandante Nestora Salgado García y sólo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5 mil pesos. Así es que ya sabe, cuando tenga esa cantidad me la entrega, y yo le entrego a su hija”.

El 19 de julio de 2013 fue abierta la averiguación previa DGCAP/139/2013, por el secuestro de un joven de 24 años, por cuya libertad, según la denuncia, la entonces comandanta comunitaria exigió treinta cabezas de ganado vacuno.

Un mes antes fue radicada la averiguación previa MOR/OLI/038/2013, por otro secuestro presuntamente cometido contra Eugenio N, por llevar consigo, según le dijeron, una tina con carne de una res robada, y que a pesar de que se comprobó lo contrario, la hoy candidata de Morena a senadora, con una arma, al parecer “cuerno de chivo”, apuntándole a la suegra de aquél, le dijo que si quería recobrar su libertad, tenía que darle 20 mil pesos.

El 2 de abril de 2014 fue abierta la averiguación previa DGCAP/0091/2014, en la que las víctimas directas relataron que eran obligadas a hacer trabajos forzados, bajo amenazas de ser asesinadas si pretendían escapar y mantenidas en condiciones deplorables e indignas, y que sus captores no hablaban ningún idioma originario, distinto al español, para comunicarse entre sí.

Encima de la Constitución no hay ninguna ley, por lo que las policías comunitarias no tienen facultades para imponer sanciones.

En las “supuestas casas de justicia” convivían hombres, mujeres y menores de edad (niñas), y estas últimas, de acuerdo con las declaraciones ministeriales, fueron víctimas de abuso sexual por integrantes del “sistema de justicia”.

En la actuación de Nestora y seguidores no se advierte cuál fue el procedimiento jurisdiccional para la aplicación de su justicia. En el caso de los menores y adultos agraviados no existen datos fehacientes que revelen que son indígenas, o que hayan expresado su consentimiento para ser juzgados, sobre lo cual, por negligencia, omisión voluntaria o error, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evadió pronunciarse, y más bien asumió una postura parcial o cómoda que no tiene explicación alguna, salvo el que haya considerado presiones de carácter político de organizaciones no gubernamentales.

Un ejemplo del desconocimiento de Nestora Salgado en materia de derecho fue su dicho de que denunciaría a José Antonio Meade “por el delito de difamación”, cuando hace años dejó de serlo.

Debe reformarse la Ley 701 en el entendido de que la policía comunitaria no puede, bajo ningún supuesto, conocer de conductas tipificadas como delito y que, en su caso, sólo puede actuar como auxiliar del Ministerio Público, sobre todo cuando se trate de terceros ajenos a las comunidades indígenas.

La liberación de Nestora Salgado fue producto de un pacto político, y hoy más de uno seguramente se arrepiente. n

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