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Eliminación del arraigo

Escrito por  Eduardo López Betancourt Abr 28, 2018

Se difundió hace unos cuantos días la noticia sobre la discusión y la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de un proyecto para eliminar la figura del arraigo.

Recordemos que el arraigo es una de las instituciones más controversiales de la procuración de justicia mexicana, en relación con el respeto a los derechos humanos del que tanto se habla hoy en día.

El arraigo constituye una auténtica detención: a la persona se le restringe la libertad, al disponerse su ingreso y custodia dentro del establecimiento o centro de arraigos que corresponda. La facultad de decretar este acto de molestia excepcional se reserva a la autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público. El arraigo se discute permanentemente porque conlleva una inversión de la secuencia a que obliga la presunción de inocencia: en vez de detenerse preventivamente a una persona tras haberse hallado datos de su probable responsabilidad, se le detiene primero para llevar a cabo la investigación.

Antes tachado de inconstitucional, el arraigo ganó su lugar en la Constitución con la reforma de 2008 al artículo 16, como mecanismo para la investigación en el caso de los delitos de delincuencia organizada. Este podía durar cuarenta días y hasta el doble, solicitado por el Ministerio Público cuando aparecía como necesario para el éxito de la investigación y exista un riesgo fundado de que el inculpado se sustrajera de la acción de la justicia.

En la realidad, el arraigo se ha autorizado sin mucha consideración; la práctica ha sido que casi siempre los jueces lo concedan en automático, “obsequiando” las solicitudes del MP. Esto se justifica por las exigencias de eficacia procesal que han cobrado mucha relevancia en décadas recientes, las cuales se ven en pugna con las exigencias tradicionales de respetar garantías procesales según la óptica de derechos humanos. A estos derechos, la colectividad los asocia con instrumentos para la protección de delincuentes, que obstaculizan la persecución del delito y la aplicación de penas.

El arraigo es a todas luces un acto abusivo. En la práctica, hemos visto en cantidad de ocasiones la infamia de detener a personas por cuarenta y hasta ochenta días, todo para que al final se les ofrezca, y a veces ni ello, el clásico “usted disculpe”. Tal vez en casos de excepción, realmente indispensables, pueda ser necesario el arraigo; sin embargo, de no ser útil para demostrar una responsabilidad penal, debe darse una obligación de la autoridad que lo solicitó, quizá una indemnización aunada a una disculpa pública; lo importante es evitar los abusos que hasta ahora se han dado en este renglón.

El combate a la llamada criminalidad organizada debe hacerse por métodos inteligentes, nunca por vía de la perversidad, ni contraria a los mínimos derechos del individuo, como lo es el actual arraigo, fórmula que sólo demuestra la incompetencia de la autoridad para investigar los delitos.

En ese sentido, enhorabuena que se discuta en la Cámara sobre su eliminación. Existe casi unanimidad doctrinaria para considerar que el arraigo autorizado en el nuevo artículo 16 constitucional ha sido un grave error, por lo cual esperamos que el proyecto de reforma pueda llegar a buen puerto y suprimir esa figura abusiva. n