Los 25 presos del Cecop

Escrito por  Sergio Ferrer Abr 09, 2018

La semana pasada tuvieron lugar cuatro audiencias de ejecución relativas solamente a verificar las condiciones de internamiento de las 25 personas privadas de su libertad que son parte del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (Cecop), algunos de ellos de la policía comunitaria de Cacahuatepec adscrita a la Crac-PC y también  personas que estaban en reducación.

La lucha que en su prisión preventiva emprenden los 25 del Cecop es por su derecho al agua, a la comunicación, a la alimentación, a un trato digno, a la salud. En esta ocasión, la jueza de ejecución Isis Peralta Salvador resolvió solucionar las cuestiones urgentes marcando a las autoridades un plazo de diez días para cumplir la demanda de dotación de agua para beber de calidad, darles un trato digno y atención médica para personas adultas mayores que tienen lesiones y padecimientos crónicos que no han sido debidamente atendidos, además de sacar del aislamiento a los hermanos Marco y Vicente Suástegui.

Estas y otras condiciones que persisten en la cárcel atentan contra los derechos humanos fundamentales, son un lastre del viejo sistema que obedece a un régimen hasta cierto punto agresivo y no garante de condiciones dignas para las personas en prisión preventiva o cumpliendo una sanción.

El respeto a los derechos humanos no exime a una persona de cumplir una sanción en caso de que se le compruebe su participación en un acto que represente un delito; una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero, es relevante decir que su condición de imputado o sentenciado, en tanto no incurra en faltas a las obligaciones estipuladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y detalladas de cierta manera en los reglamentos locales en la materia, nada tiene que ver con su necesidad de que la persona sea respetada, tenga un trato digno, así como un plan de actividades que le permita acceder a la educación, la cultura, el trabajo.

A las audiencias de ejecución, a no ser que sean privadas, pude acudir público obedeciendo el principio de publicidad. Y sí, allí estaban familiares de las personas privadas de la libertad que escucharon atentas las participaciones de sus parejas, hijos, tíos, y que tuvieron gestos de enojo cuando el director del reclusorio negó que existieran malos tratos e incluso acusó a la defensa de actuar de mala fe. Fuera, en los comentarios de pasillo, varias mujeres mostraron su inconformidad por el descaro del director, quien se atrevió a negar los hechos que padecen los internos y sus familias cada que entran al penal y les demoran el ingreso hasta por tres horas, además de amenazarlos para que no se quejen, porque así como se porten ellas se portaría el personal del penal, además de fotografiarlos en todo momento.

Al citar los abogados del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan tratados internacionales, la nueva Ley de Ejecución Penal y la propia Constitución mexicana, reiteran la necesidad de que los centros acaten el principio de igualdad, que respeten los derechos humanos mediante la decisión de un juez, y de manera no formal, en la práctica las autoridades sean verdaderamente más empáticas con lo que implican estos cambios en los modelos de prisión que son vulnerantes de derecho.

“Me duele constantemente la espalda por la tortura, y sólo me han dado paracetamol, su señoría; tengo que lavar la ropa en la taza del baño, he tenido que ver tirado en el piso 15 minutos a mi familia, un guardia enviado presuntamente por el capitán me ha hostigado cuando intenté hacer una llamada, no nos dan agua limpia”; “desde el 20 de marzo alguien de la cocina nos dijo que salíamos muy caros y que debíamos pagar por el agua”, fueron en más o menos palabras parte de los testimonios de las personas privadas de su libertad.

Las autoridades del Centro negaron lo expuesto e incluso presentaron un escrito de nulidad el segundo día, a efecto de invalidar las declaraciones, lo cual afortunadamente no ocurrió.

Aún en prisión, los cecopistas luchan por su derecho al agua, por un trato digno, por salir más allá de 15 minutos de sus celdas, por tener actividades físicas, laborales y culturales; por contar con plan de actividades bien establecido y que no sólo sea una máxima del reclusorio aparentar que a los internos se les trata bien y no les falta nada, cuando hay todo un esquema que está en juego.

Claro, reconociendo que hay problemas más allá en los penales que implican un control extraoficial de los mismos y que han tenido puntos exacerbados de violencia, como ocurrió en julio pasado, cuando fueron asesinados 28 reclusos. Es esta una de las razones fundamentales para exigir respeto a los derechos humanos y que se garantice su aplicación permanente en los centros penitenciarios de todo el país.

En general, las personas privadas de su libertad, sus familias y sus abogados, pueden presentar peticiones o quejas por cualquier medio a efecto de agotar los procedimientos necesarios hasta llegar, si así lo amerita, a un juez de ejecución, es decir la persona privada de su libertad tiene derecho a comunicarle al director del penal tal o cual cuestión, y éste tendrá que dar una respuesta efectiva. De no ser así,  podrá acudir a la autoridad correspondiente.

En marzo, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México pudo visitar a los 25 del Cecop, demandó un alto a la criminalización de defensores de derechos humanos y pidió a las autoridades una investigación imparcial y efectiva de los hechos del 7 de enero. Semanas más adelante, a integrantes de Tlachinollan que fueron acompañados de activistas de Brigadas de Paz Internacional (PBI) les fue negado el acceso a visita a los 25 compañeros.

Es importante resaltar que en el lapso señalado por la jueza, las autoridades penitenciarias deben cumplir sus obligaciones y no ejercer represalia alguna contra las familiares, ni los propios cecopistas. n