Instituciones de tecnología financiera

Escrito por  Eduardo López Betancourt Abr 07, 2018

El pasado 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Junto con esta se publicaron reformas y adiciones a diversa normatividad del ámbito financiero, como las leyes de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, entre otras. Esta producción legislativa busca dar el marco jurídico adecuado para las nuevas operaciones que llevan a cabo instituciones financieras, mediante el uso de medios de telecomunicaciones, de tecnología u otras plataformas innovadoras.

Según se define en la propia ley que se comenta, las instituciones de tecnología financiera, o IFT, son las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico. Se trata de denominaciones cuyo uso ahora se vuelve restringido; según el numeral 12 de la misma ley, sólo podrán utilizarse por organismos que obtengan la autorización para organizarse y operar con tal carácter, dado lo cual las expresiones “institución de tecnología financiera”, “ITF”, “institución de financiamiento colectivo”, “institución de fondos de pago electrónico” u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, referidas a dichos conceptos o a marcas y productos que correspondan a ellos, por las que pueda inferirse la realización de las actividades propias de las referidas entidades, no podrán ser usadas en el nombre, denominación, razón social o publicidad de personas y establecimientos, interfaces, aplicaciones informáticas, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, distintos de las ITF autorizadas.

¿A qué se dedican estas IFT? La primera clase de ellas, las instituciones de financiamiento colectivo, tienen como objetivo poner en contacto al público inversionista con el público en general, con el fin de que se otorguen financiamientos por medio de las operaciones realizadas por la institución. Esto se hará de manera habitual y profesional, por medio de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital.

De este modo, su labor es fungir como plataforma virtual o digital para que un cliente pueda llevar a cabo mediante una aplicación alguna actividad financiera, ya sea como inversionista o como solicitante, según aporte o reciba recursos.

De acuerdo con el artículo 16 de la ley en comento, los clientes de estas institución de financiamiento colectivo podrán efectuar operaciones como las siguientes:

  1. a) Financiamiento colectivo de deuda, con el fin de que los inversionistas otorguen préstamos, créditos, mutuos o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes;
  2. b) Financiamiento colectivo de capital, con el fin de que los inversionistas compren o adquieran títulos representativos del capital social de personas morales que actúen como solicitantes, y
  3. c) Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, con el fin de que los inversionistas y solicitantes celebren entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota o participación en un bien presente o futuro o en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más actividades o de los proyectos de un solicitante.

Se trata de actos de financiamiento diversos, cuya principal novedad, ya se ha precisado, es que pueden ser realizadas por los clientes mediante plataformas digitales. Se trata de un mercado en expansión en nuestro país, que con esta ley recibe su marco regulatorio pertinente. n