Lucra Barrales con la tragedia

Escrito por  Esthela Damián Peralta Abr 04, 2018

Por demás lamentable resultó que la candidata al gobierno capitalino del PRD, Alejandra Barrales, decidiera lucrar políticamente con la tragedia del colegio Rébsamen en su inicio de campaña, al prometer que hará justicia a los padres de los 19 menores que murieron en el plantel que colapsó durante el sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país.

Eso no habla más que de la desesperación que sienten en las filas perredistas por ir abajo en las encuestas y ver que su aspirante nada más no levanta en las preferencias. Es increíble que ese haya sido el tema de su discurso en el comienzo de campaña.

Al respecto, habría que aclararle que no es el jefe de Gobierno, sino la Procuraduría y el Tribunal de Justicia los que tienen el caso en sus manos.

Los señalamientos de Alejandra Barrales contra Claudia Sheinbaum por el caso Rébsamen tienen tintes políticos; lucra políticamente con la tragedia, más que hacer justicia.

Al respecto, cabe recordar que la delegación Tlalpan acusó en su momento que la denuncia presentada por el PRD en torno al caso del colegio Enrique Rébsamen tenía tintes políticos y mostraba desconocimiento de las leyes.

La demarcación, entonces todavía a cargo de Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso que tuvieran que haber clausurado el colegio Enrique Rébsamen por falta de programa de protección civil, pues la escuela presentó en julio pasado su programa, y la delegación hizo una serie de observaciones o prevenciones; sin embargo, explicó que la Ley de Procedimiento Administrativo otorga un periodo de tres meses al particular antes de que el programa sea rechazado y se proceda a una sanción.

Asimismo, detalló que el colegio no recogió su prevención. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, la delegación tenía hasta tres meses contados a partir de la última gestión del interesado para proceder a la suspensión o clausura. Es decir posterior al 31 de octubre de 2017.

Ojalá la normatividad fuera distinta para que la delegación hubiese tenido la atribución jurídica para suspender las labores del colegio.

Otro de los señalamientos en la denuncia del PRD es que la delegación debió revisar los dictámenes de visto bueno de seguridad y operación, al igual que el de seguridad estructural por haber modificado las condiciones de uso de suelo.

La demarcación reviró que en 2017 y 2014 se recibieron dichos documentos en los cuales los directores responsables de obra que los elaboraron indicaban que no había cambios de uso de suelo, además de que los antecedentes de obras de construcción en el colegio son de 2010, 2013 y 2014; sin embargo, las entonces administraciones perredistas no procedieron a demoler, ni a clausurar, por las posibles irregularidades.

En los expedientes de la delegación hay licencias de construcción de 1983, 1984 así como documentos de 1987, 1990 y 2003, como son constancias de uso de suelo por derechos adquiridos donde se habla del uso tanto de escuela como de apartamentos.

En el visto bueno de seguridad y operación entregado a la delegación el 7 de junio de 2017, el director responsable de Obra, el ingeniero arquitecto Juan Apolinar Torales Iniesta, manifiesta de puño y letra que el inmueble cumple con todos los requisitos para operar de manera segura y que no tiene cambios de uso de suelo. La validez del documento es de tres años.

A todo esto se suma el hecho de que el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), única instancia con atribución para verificar el uso de suelo desde septiembre de 2010, nunca dio a conocer a la delegación Tlalpan de alguna construcción en el inmueble o que no contaba con uso de suelo. La responsabilidad directa es de su director general.

Respecto a los giros mercantiles, la delegación indicó que la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad es el único medio para que las personas físicas o morales puedan presentar avisos o solicitudes de permiso para la apertura y funcionamiento de un establecimiento mercantil.

De cara a la sociedad, el pasado 26 de septiembre Claudia Sheinbuam dio a conocer a la opinión pública los documentos con que contaba el colegio, mismos que se encuentran en el portal de Internet de la delegación.

Por otro lado, la candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno presentará ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) una denuncia contra Alejandra Barrales por utilizar a los empleados del gobierno de la ciudad como sus promotores del voto.

No es posible que con todo cinismo haya declarado que los trabajadores del gobierno de la ciudad van a ser los promotores de su campaña.

Los miles de trabajadores que presentó Alejandra Barrales al público son personas que reciben un salario y que están siendo utilizadas para promoción del voto, es algo que tiene que revisar el Instituto Electoral y el contralor general, Eduardo Rovelo Pico, quien garantizó piso parejo para los candidatos, aunque se trata de alquien en quien no se puede confiar porque él estaba cuando se utilizaron recursos públicos en las pasadas elecciones de 2015-2016. n