La terquedad de López Obrador

Escrito por  Ginés Sánchez Abr 03, 2018

l ya hoy no tan recordado caso del paraje San Juan, pero que en su momento fue de relevancia que trascendió al entonces Distrito Federal y tuvo alcances nacionales, era un asunto de una demanda de particulares contra el gobierno de la capital, un juicio sofisticadamente armado, pero fraudulento hasta el descaro; en esencia, una familia de apellido Arcipreste reclamaba un pago de más de mil 800 millones de pesos (180 millones de dólares de entonces), por una supuesta expropiación de un predio ubicado en Iztapalapa de 300 hectáreas. El caso llegó al extremo de que un juez le ordena al jefe de Gobierno de esos días, Andrés Manuel López Obrador, el pago de esa demencial cantidad, y además, en un plazo de sólo ¡tres días!

Ese tipo de negocios era, y tal vez sigue siendo, muy común en México, pero con la complicidad de autoridades en todos los niveles, una jugosa industria de saqueó por medio de indemnizaciones fraudulentas. De más está decir que si López Obrador hubiese acatado sin chistar dicha sentencia, la ciudad que gobernaba se habría visto en serios aprietos financieros.

Pero no fue así: Andrés Manuel y su equipo entraron en una inusitada dinámica de investigación seria y profunda, a la par de agotar todo recurso jurídico para detener el pretendido y escandaloso fraude; llegaron hasta documentos del siglo 19 que evidenciaban que se trataba de un timo que tenía como finalidad un negocio ilícito en detrimento de la población capitalina. Por supuesto que sobraban los puristas legaloides que pugnaban por el acatamiento inmediato de la sentencia inicial del Poder Judicial que, paradójicamente, se trata, en no pocos casos, de los mismos que hoy defienden casi con su vida el espinoso y cada día más turbio asunto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (NAICM).

El caso del paraje San Juan se resolvió gracias a la terquedad de Andrés Manuel López Obrador, y a su vocación de poner por encima la justicia a la legalidad torcida; todo ello, sin salirse nunca del marco de la ley. Del análisis de documentos hallados en la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se concluyó que el predio en cuestión era y siempre había sido de propiedad federal. Así salvó a la ciudad que gobernaba de un multimillonario y fraudulento quebranto.

El escándalo del NAICM sería otro reto al que AMLO se enfrenta valiente, en defensa de los intereses de la nación.

No podemos olvidar el del llamado robo del siglo (20), el Fobaproa, en el cual, es sabido, se rescató a la banca comercial de su quebranto, pero con abusos que al día de hoy continuamos pagando.

En ese entonces, López Obrador era presidente del PRD, y sus esfuerzos por evitarlos se vieron derrotados por la alianza (o traición) del entonces presidente panista, Felipe Calderón, que con apoyo del PRI aprobó el dictamen original; hoy el pagaré Ipab, lejos de haber disminuido, ha crecido, de 2000 a 2016, en 35 por ciento, y sólo por concepto de intereses se ha devengado, en el mencionado periodo, el equivalente a 61 por ciento de la deuda original al año 2000, es decir 397 mil millones de pesos, y contando.

Por eso es que el candidato presidencial de Morena apremia a los sectores público y empresarial a revisar a fondo los contratos del multicitado aeropuerto y también la cuestionadísima viabilidad de dicha obra, que en lo poco que ha avanzado ha multiplicado más que preocupantemente sus costos inicialmente presupuestados.

La opción de dos aeropuertos, el actual o Benito Juaréz, en coordinación con la remodelación y ampliación de la terminal aérea militar de Santa Lucía, ahorraría al Estado mexicano más de 200 mil millones de pesos. Y su inviabilidad no son más que cuentos baratos, porque la ciudad de Nueva York cuenta con cuatro aeropuertos, que trabajan armónica y simultáneamente.

Un saqueo más del puñado de traidores a la patria de siempre sencillamente no se debe, ni se puede, permitir. n