Jurisprudencia sobre la defensa técnica en materia penal

Escrito por  Eduardo López Betancourt Mar 31, 2018

Como es sabido, el derecho a la defensa supone la posibilidad que debe garantizarse al ciudadano de combatir jurídicamente un proceso penal que se erige en su contra. Este derecho comprende una amplia variedad de aspectos, fundamentalmente el hecho de contar con los servicios profesionales de un defensor, quien debe tener la competencia técnica necesaria. Se trata de la dimensión formal del derecho, entendido como derecho al defensor.

Anteriormente, la Constitución permitía que la persona pudiera defenderse por sí misma, o por persona de su confianza. Los tiempos han cambiado, y ahora la exigencia es que el defensor deba ser siempre un profesional del derecho, esto es, alguien licenciado con la cédula respectiva. Este derecho a la defensa adecuada por defensor se menciona en la fracc VIII, apartado B), del artículo 20 constitucional.

El requisito de que el defensor sea “abogado” configura lo que la doctrina procesal penal denomina defensa “técnica”. Cabe precisar que el defensor deberá ser persona experimentada en el ámbito del derecho procesal penal, lo que se verá reflejado en su aptitud para actuar en el proceso, pues el derecho requiere que la persona tenga capacidad técnica para asesorar y recomendar lo que jurídicamente resulta conveniente para el imputado, a fin de otorgar la efectiva asistencia legal para enfrentarse a la persecución penal en su contra.

Ahora bien, el principal elemento probatorio para acreditar, de inicio, la defensa técnica, es que la persona cuente con la cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Sobre este requisito ineludible se ha emitido una jurisprudencia reciente, del Pleno del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 23 de marzo de 2018 (Tesis: PC.V. J/17 P).

En este criterio, se establece cuáles deben ser los efectos del amparo cuando se conceda por incertidumbre, por violación al derecho a la defensa durante la realización del acto reclamado. Considera el órgano jurisdiccional federal que este derecho a la defensa adecuada, en la dimensión de la técnica, “se satisface cuando el imputado en todas las etapas del procedimiento en que interviene, cuenta con la asistencia jurídica de un defensor titulado como licenciado en derecho y, por tanto, profesionista en la materia”.

Efectivamente, solo puede ser una persona con esa acreditación la que puede ser investido del importante rol del defensor. El Pleno de circuito considera que el Juez debe promover el cumplimiento de ese derecho, al estar obligado a garantizar la posibilidad de esa defensa. Debe establecer las condiciones, en lugar de obstruir, y facilitar que se muestre evidencia del carácter profesional del defensor.

En esta tesitura, se concluye que cuando se conceda un amparo, a consecuencia de una omisión en la exhibición del título o la cédula profesional que acredite al defensor (público o privado) como licenciado en derecho, el efecto debe ser que “la autoridad responsable de segunda instancia deje insubsistente el acto reclamado, requiera al defensor para que acredite mediante dicha exhibición, que tenía ese carácter en la época en la que asistió jurídicamente al imputado y, en caso contrario o de existir imposibilidad para hacerlo, indagar ante las autoridades competentes para ese mismo fin”.

De este modo, la incertidumbre sobre si el acto fue o no realizado en compañía del defensor adecuado no lo nulifica per se, según el criterio, sino que ha de verificarse la situación. Solo en el supuesto de que efectivamente, resulte que no hubo defensor adecuado, porque no se logre la acreditación, entonces si corresponde “revocar la sentencia de instancia natural, para que se reponga el procedimiento y se subsane la violación delatada”.