Nueva jurisprudencia sobre definitividad en amparo

Escrito por  Eduardo López Betancourt Sep 02, 2017

Como es sabido, este principio supone que el juicio de amparo debe operar como el último mecanismo de defensa del quejoso, la última vía de acción jurídica por la cual puede evitar que se cometan violaciones a sus derechos. En consecuencia, se reclama que previamente a que proceda el amparo, deben agotarse los mecanismos impugnativos legales ordinarios previstos en el ámbito legal del que se trate, de modo que la justicia de amparo sólo entre en acción cuando todo lo demás ha fallado en la protección de los derechos.

De este modo, tratándose del amparo directo, la fracción III, del artículo 107, inciso a de la Constitución, prevé que para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que se reclaman puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

El previo agotamiento de recursos se exige también cuando se impugnen violaciones en el procedimiento; según el mismo precepto constitucional, al reclamarse la sentencia definitiva, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva.

Sobre estos temas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién emitió el pasado 25 de agosto un criterio en el que se resuelve una Contradicción de tesis, siendo la Tesis de jurisprudencia 91/2017, con Registro en el sistema IUS 2014976. Este criterio señala en el rubro que es innecesario agotar el principio de definitividad cuando se reclaman disposiciones de observancia general emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

Según la tesis, de la interpretación estricta y sistemática de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1 y 107, fracciones I, inciso g, y II, de la Ley de Amparo, se advierte que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no puede interpretarse en el sentido de que el principio de definitividad debe agotarse, indistintamente, respecto de cualquier forma de manifestación del poder (actos, omisiones y normas generales), pues la exigencia de interponer los recursos ordinarios procedentes se limitó constitucionalmente a los actos propiamente dichos o a las omisiones de autoridades distintas de tribunales, excluyendo las disposiciones de observancia general emitidas por esa clase de autoridades.

De este modo, se hace una interpretación estricta del alcance de dicha norma. Según sigue el propio criterio vertido en la tesis en mención, lo correcto es entender que si el legislador no acotó la impugnación de normas generales a las reglas que rigen el principio de definitividad en el juicio de amparo, se concluye que es innecesario hacer valer algún medio ordinario de defensa en caso de que se prevea antes de acudir a la instancia constitucional, sin que esto implique que el quejoso esté impedido para promover el medio de defensa que a su interés legal convenga. Así, de acuerdo con esta tesis, queda adecuadamente delimitado el sentido del principio de definitividad a los casos en los que se aleguen las decisiones con naturaleza de resoluciones definitivas. n