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Los gobiernos corruptos del PRI

Escrito por  Esthela Damián Peralta Feb 28, 2018

Gracias a los gobiernos corruptos del PRI, el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 reportó que México cayó seis lugares en la clasificación al pasar del sitio 129 al 135, de 180 países evaluados en materia anticorrupción, y a nivel regional se colocó entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe.

El documento publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana destaca que México obtuvo una calificación de 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 el mejor calificado en la materia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil en el lugar 96, con una calificación de 37 puntos;, Argentina en el lugar 85, con 39 puntos; y Colombia, en el sitio 96, con 37 puntos, ocupa la misma posición que Honduras y Paraguay. Además, es el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con un comunicado difundido por Transparencia Mexicana, esos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia por sí sola no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.

Y en México, agregó, ha habido resistencias para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, además de la ausencia de una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones.

Según el índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México ocupó el sexto lugar de 102 países, posicionándose como la mejor nación del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad.

“Es claro por los resultados del IPC 2017 que la corrupción es un problema institucional. Países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.

De igual manera, destaca que diversos organismos nacionales e internacionales han subrayado la ausencia de instituciones independientes para investigar y sancionar los grandes casos de corrupción en México.

Los datos del Índice de Corrupción se suman a la reciente Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que señaló que en México el lavado de dinero aún no es un delito que se persiga de manera proactiva y sistemática, lo cual es un riesgo de impunidad y corrupción tanto para el sector público como privado.

El organismo hizo cuatro recomendaciones al país, entre ellas asegurar la correcta implementación del Sistema Anticorrupción en todo el territorio nacional, así como incorporar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el SNA, para fortalecer las investigaciones de lavado de dinero y las llamadas empresas fantasma.

Asimismo, crear una Fiscalía General de la República capaz, autónoma e independiente para asegurar que la política anticorrupción del país no dependa ni de la política, ni de intereses privados. Y, por último, avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos respecto del financiamiento a partidos políticos.

El último caso de corrupción en México tiene que ver con la dirección de Rosario Robles Berlanga, quien como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó operaciones que simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por mil 747 millones 666 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría forense 1792-DE, detectó presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios, que la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016.

A través de pagos a empresas fantasmas, en las gestiones de Robles a cargo de Sedesol y Sedatu se han desviado mil 311 millones de pesos, según informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según tres auditorías forenses realizadas por la ASF a recursos ejercidos en 2014 y 2015, parte de ese dinero fue transferido a Monex y a CI Banco, de donde se dispersó a cuentas domiciliadas en distintos países.

No es la primera vez que Rosario Robles es acusada de desvío de recursos, por lo que hemos exigido a las autoridades investigar a Rosario Robles y aclarar los señalamientos, no sólo a través de twitter como lo hizo. n