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Perredistas se burlan de la Suprema Corte

Escrito por  Esthela Damián Peralta Ene 31, 2018

Una clara burla a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resulta la determinación de José Manuel Ballesteros, aún diputado de la Asamblea Legislativa, de convertirse en precandidato del PRD a la alcaldía en Venustiano Carranza a pesar de que enfrenta un proceso de desacato ordenado por el máximo órgano de justicia del país. Esto, a sabiendas de que como jefe delegacional desatendió un laudo laboral.

Desde noviembre, la SCJN emitió las órdenes contra Ballesteros e Israel Moreno, ex delegado de Venustiano Carranza, por lo cual ambos funcionarios debían dejar su cargo y enfrentar el proceso penal.

Sólo Moreno fue destituido como delegado, mientras que Ballesteros no ha solicitado licencia a su curul, ni se ha tramitado su desafuero en el Congreso federal.

Lejos de rendir cuentas ante la justicia, Ballesteros se registró para la precandidatura en Venustiano Carranza, donde ya fue delegado de 2012 a 2015. El domingo pasado, el aún diputado se presentó junto con Alejandra Barrales, precandidata del PRD a la Jefatura de Gobierno, y Julio César Moreno, ex delegado y hermano de Israel Moreno, en un mitin de ese partido como parte de la precampaña.

Barrales Magdaleno se sumó a esta burla a la Suprema Corte de Justicia al adelantar que Ballesteros será el próximo alcalde en Venustiano Carranza. La justificación del ex delegado perredista para no acudir ante el juzgado que lo requiere es que no se le ha notificado la orden emitida por la SCJN desde noviembre pasado.

Ante este evidente hecho de impunidad, el diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena Juan Romero Tenorio solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que presente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales al ex delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, y al diputado local José Manuel Ballesteros López, a fin de que respondan por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó su inmediata destitución y consignación penal por el incumplimiento de un amparo que desde hace tres años ordena la reinstalación de dos empleados de esa demarcación.

Además, exhortó al diputado local José Manuel Ballesteros López separarse del cargo de legislador para afrontar el proceso penal en su contra.

En un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador federal solicitó que también se exhorte a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que informe sobre el cumplimiento de dicha sentencia.

Asimismo, apremió al Juzgado Décimo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales a que, en uso de sus atribuciones y facultades, haga efectiva la consignación enviada por la SCJN e instaure el proceso penal correspondiente contra Israel Moreno Rivera y el diputado Local Manuel Ballesteros.

A más de dos meses de que la SCJN ordenara la destitución y consignación de Israel Moreno Rivera y de su antecesor, José Manuel Ballesteros López, ante un juez de distrito de Procesos Penales Federales, ambos siguen gozando de su libertad sin el menor recato, ni autoridad que haga valer el fallo de la Corte.

El 15 de noviembre de 2017, el delegado de la PGR en la Ciudad de México, Armando del Rio Leal, informó a Alberto Elías Beltrán, titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en suplencia del procurador general de la República, que el caso había sido turnado al Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por lo que se radicó la causa penal 42/2017.IV contra Israel Moreno y José Manuel Ballesteros.

Es claro que José Manuel Ballesteros López utiliza su posición como legislador para evadir la justicia, en contravención a sus deberes jurídicos y éticos, al seguir desempeñando sus funciones legislativas a sabiendas de que ha sido consignado ante un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales por el desacato a una sentencia de amparo.

Sin embargo, no ha pedido licencia para separarse del encargo a fin de afrontar su proceso penal como todo ciudadano. Esta circunstancia es por demás grave porque fue consignado penalmente precisamente por incumplir un mandato judicial y ahora persiste en seguir desempeñando funciones legislativas, evadiendo la justicia federal y desoyendo la sentencia del máximo tribunal de la nación.

Esta acción del legislador local, de no presentarse ante la justicia federal, se traduce en impunidad, lo que daña profundamente la credibilidad de las instituciones y es percibido por la población como un hecho de corrupción. n