Derecho a la segunda instancia

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 27, 2018

La posibilidad de acceder a la segunda instancia para recurrir o impugnar la sentencia penal debe considerarse un derecho del acusado, aunque no se prevea expresamente en el texto constitucional. En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge este derecho a la segunda instancia, en el artículo 14.5: “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”. De igual manera, el derecho a recurrir la sentencia de la primera instancia se reconoce en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8.2 inciso h): “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”.

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha señalado que esta prerrogativa no debe ser una mera formalidad, sino que realmente debe darse mediante el recurso una verdadera revisión de la sentencia de primera instancia. De esta forma, lo primero que se reclama es que el juez superior cumpla las mismas características de imparcialidad e independencia que se exigen para el juez natural. Así se señala, por ejemplo, en la Sentencia al Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú.

Ahora bien, en la implementación del sistema acusatorio en México llegaron a escucharse propuestas, incluso plasmadas en legislaciones locales, en el sentido de que el derecho a apelación debería limitarse, pues de alguna manera iba en contra del principio de inmediación que se buscaba promover al máximo. Es decir que dado que el juez de primera instancia era el que tenía contacto inmediato con la prueba, era el único que estaba en condiciones de dar la mejor decisión sobre el asunto. La apelación podía ser sobre cuestiones de aplicación del derecho tal vez, pero no sobre cuestiones de hecho, o valoración probatoria, porque el juez de alzada no tenía ese contacto directo con la prueba.

Sobre este tema, el Pleno de la Suprema Corte recién emitió una tesis jurisprudencial, la tesis P./J. 1/2018 (10a.), en la que señala con claridad que resultaba indebido limitar el derecho a la apelación.

El criterio surge a partir de lo dispuesto en un código local, ya abrogado, para el estado de Morelos, en el cual el artículo 199 fracción I impedía que fueran apelables las sentencias en las que no se impusiera una pena de prisión o que autorizaran la sustitución de la pena privativa de libertad.

Como es patente, en aplicación de los documentos internacionales, el pleno del máximo tribunal ha considerado que los artículos 14, numeral 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arriba mencionados, que integran el parámetro de regularidad constitucional, reconocen el derecho de los condenados por la comisión de un delito a recurrir el fallo ante un juez superior. En la interpretación del Tribunal, “como no se especifica que el derecho sea sólo de los sentenciados a una pena privativa de libertad, se debe concluir que es un derecho que asiste a todos los condenados, sin importar el tipo de sanción penal que les sea impuesta”.

En consecuencia, deviene violatorio de este derecho el numeral mencionado del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, ya abrogado. Ahora bien, como también precisa el máximo tribunal, contra esas sentencias procede también el amparo directo, “porque éste no es un recurso ordinario, sino un juicio extraordinario de protección de derechos humanos, concebido para otros fines y con una función distinta”. n