El cauce de los ríos

Escrito por  Sergio Ferrer Ene 22, 2018

El Estado operó letalmente en La Concepción. Agentes entrenados para actuar salvajemente buscando dejar la menor cantidad de huellas de su violencia en una alianza estratégica de fuerzas policiales, derivó en tres ejecuciones extrajudiciales. Policía disparando a personas rendidas.

Se los llevaron para atrás… se oyeron los disparos… al otro se lo llevaron allí por la Liconsa… se escucharon hartos balazos, pero todos venían de un lado; los comunitarios ni tiraron porque había gente en la comandancia… Un policía de esos azules iba riéndose, diciendo que se los habían echado… Son diversos testimonios que señalan el crimen que habrían cometido encapuchados de las fuerzas estatales de Guerrero en la pequeña comunidad de los bienes comunales de Cacahuatepec en el Acapulco rural. Allí quedaron tres comuneros del Cecop, en el agua verdosa, acribillados.

Del operativo que incluyó la participación de cientos de policías ministeriales, policías estatales, acompañados por miembros del Ejército y la Gendarmería, observados desde el cielo por un helicóptero, el alcalde de Acapulco calificó de bueno el “desarme de los policías comunitarios… ya que no puede permitirse en una ciudad turística como Acapulco” dijo, y afirmó ante periodistas que su gobierno colaboró en todo momento.

Quizá también el funcionario pudo haber recordado como contexto del puerto turístico, que Acapulco fue considerado, según el informe La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, como el municipio donde más asesinatos de mujeres se cometieron en el país en 2016. Que según el Coneval, en 2015 Acapulco reportó el mayor número de personas en pobreza extrema del país, 93 mil 513.

Detalles de un municipio donde en sus calles del centro se ve descuido, que se ve el latente olvido de sus comunidades periféricas y las constantes amenazas de despojo, ante el abuso y discriminación de los tres órdenes de gobierno, hay bastiones de resistencia como es el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (Cecop).

Regresando, el Ejecutivo estatal primero dijo que hicieron lo que les correspondía respetando los derechos humanos y que la ley se atendiera; después, respondiendo en una entrevista sobre el comunicado de la ONU, el cual afirmó que cuenta con fuertes elementos de convicción sobre la existencia de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad durante el operativo, como tortura y malos tratos, fabricación de pruebas, allanamiento y condiciones indignas de detención. El gobernador aseveró que no estaban con ningún bando, que buscan dejar en claro las responsabilidades de cada quien, aunque otro comunicado de la vocería oficial del gobierno estatal negó que fuera necesario practicar el protocolo de Minnesota en la investigación de los hechos de La Concepción. Sí al protocolo de Minnesota.

En el texto La ejecución extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de América Latina, Humberto Henderson señala muy preliminarmente que se reconoce conceptualmente como una ejecución extrajudicial cuando se consuma la privación arbitraria de la vida por agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. La ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aun, como una acción derivada de un patrón de índole institucional.

Es necesario atender el llamado de la ONU. Reconocer la necesidad de una investigación que profundice en el modo en que actuaron las policías aquel día, que no omita desmenuzar las acciones deliberadas de quienes hicieron uso excesivo de la fuerza; es urgente que la ciudadanía reclame justicia y transparencia. No dejar pasar actos de violencia e impunidad gubernamental en un estado dañado cotidianamente por la violencia, como Guerrero.

Es complejo desentramar la situación social que se desarrolló en los bienes comunales de Cacahuatepec a partir de los procesos de resistencia de las comuneras y comuneros que se oponen a la construcción de una presa hidroeléctrica, complejo, pero no imposible; ya varias organizaciones dan cuenta en informes y estudios de las afectaciones sociales y ambientales que conllevaría la construcción de La Parota. Hay notas periodísticas, reportajes, textos de análisis, sobre el desarrollo de los hechos que implican la actuación, para mal o para bien según el caso, de diversos actores como la CFE, los gobernadores en turno, funcionarios públicos, empresarios gravilleros, hasta el apoyo de organizaciones internacionales, organismos no gubernamentales, movimientos sociales del país y, desde luego, pobladores en lo referente a la postura frente al proyecto hidroeléctrico. También está lo concerniente a lo que no dicen los medios “grandes” de comunicación, un contexto poco visible que incluye personas haciendo labores de inteligencia, cooptación y búsqueda de desestabilización y neutralización del movimiento del Cecop, así como la existencia de  conflictos intracomunitarios, amenazas de la delincuencia, marginación, frente a las alternativas que han buscado comuneros para defender su territorio, como es el caso de la creación de una policía comunitaria adherida al sistema comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Crac-PC que ha funcionado más de dos décadas, creado en La Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

Hay hechos por investigar y una demanda irrefutable de justicia sobre lo acontecido en el enfrentamiento de la madrugada y lo que pasó en el operativo la mañana y la tarde del 7. Es importante también no olvidar a los pobladores que sufrieron violaciones a sus derechos humanos en La Concepción, en Aguacaliente, durante el agresivo embate; no olvidar a los niños y niñas que vieron entrar a policías en sus casas para golpear, gritar, saquear. A las víctimas indirectas de los comuneros ejecutados y obviamente a los 25 detenidos vinculados a proceso que han sufrido vejaciones y la consecuencia de una criminalización de la lucha social. Garantizar, sin pretexto y no sólo con palabras al aire, el respeto a los derechos humanos.

Las acciones violentas de los agentes policiacos también buscaron que no hubiera rastro de su salvajismo amedrentando a fotógrafos, empujándolos fuera del área donde se ejecutaron las acciones más aberrantes, golpeando y quitándole al fotógrafo Bernandino Hernández dos memorias con material que no le debió ser robado. El agua sucia que de manera violenta se vertió sobre La Concepción no se ha ido con el afluente del río Papagayo. Hablar de la incursión policial ocurrida el 7 de enero en La Concepción es amargo, es reconocer una lógica de represión que se maquinó contra los pobres.

La rana Papagayo

En los márgenes del río Papagayo habita la rana Papagayo, una especie endémica que moriría de construirse la presa La Parota. Según estudios de los efectos de las represas, éstas destruyen los ríos, eliminan los peces, las aves, las plantas acuáticas y muchas especies asociadas. Tal como concluyó la Comisión Mundial sobre Represas financiada por el Banco Mundial después de dos años de intensos estudios: para garantizar los beneficios de las represas “en demasiados casos un precio inaceptable y a menudo innecesario ha sido pagado –particularmente en términos sociales y ambientales– por las personas desplazadas, por las comunidades aguas abajo, por los contribuyentes y por el medio ambiente”.

En varios lugares del mundo, personas luchan para defender el agua, su territorio y existencia misma. Así ocurre, por ejemplo, con los Munduruku, que enfrentan la construcción de represas en el Amazonas brasileño. El 14 de marzo es el Día Internacional de la Lucha Contra las Represas, por la defensa de los Ríos, por el Agua y por la Vida. n