Procedencia del juicio oral mercantil

Escrito por  Eduardo López Betancourt Ene 20, 2018

Como es sabido, el procedimiento de juicio oral mercantil, adicionado al Código de Comercio por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011, y diversas modificaciones posteriores, era procedente en su introducción según la cuantía del objeto motivo del litigio. Según se disponía en el Artículo 1390 Bis del código, se tramitarían en este juicio todas las contiendas cuya suerte principal sea inferior a la establecida para que un juicio sea apelable, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. La cuantía que determina cuando un asunto es o no apelable era señalada en el Artículo 1339 del mismo código.

Tras su reforma, el texto vigente del artículo 1390 Bis ya prevé que se podrán tramitar en este juicio todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía. Esto, salvo la excepción del artículo 1390 Bis 1, según la cual no se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecidos en el propio código y en otras leyes, ni los de cuantía indeterminada.

La postura del legislador ha sido extender la aplicabilidad de la vía oral al total de los litigios, según la tendencia que se ha generalizado en todas las ramas procesales de nuestro país.

Respecto a la procedencia en los juicios ejecutivos, esta vía tenía prevista su propia normatividad. La reforma publicada el 25 de enero de 2017, que aún no entra en vigor (prevista hasta el 25 de enero de 2018), ha dispuesto un proceso oral particular que es el Juicio Ejecutivo Mercantil Oral. El procedimiento ejecutivo, como es sabido, es el que tiene lugar cuando la demanda se funda en uno de los documentos que traigan aparejada ejecución.

Ahora bien, queremos referirnos a una jurisprudencia publicada el pasado 12 de enero en el Semanario Judicial; la tesis PC.I.C. J/57 C, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en solución de la Contradicción de tesis 14/2017.

En este criterio, se establece que la vía oral mercantil procede atendiendo a la pretensión efectivamente planteada por el actor, aunque exhiba documento al que la ley otorgue el carácter de ejecutivo. De este modo, puede considerarse que se sigue la tendencia legislativa, en el sentido de extender progresivamente la aplicabilidad de la vía procesal oral en esta materia.

Según se señala textualmente en la jurisprudencia, “las vías procesales son diseños moduladores con características propias que moldean el acceso a la justicia en condiciones que el legislador consideró óptimas, dependiendo de las acciones que se hagan valer y de las pretensiones que se quieran exigir en el juicio elegido. Así, la vía oral mercantil en el esquema de juicios mercantiles, sólo representa un camino que pretende hacer más expedita la impartición de justicia y lograr en el menor tiempo posible, la declaración del derecho, del que sólo están excluidas las contiendas que tengan una tramitación especial, pero no necesariamente está cerrada para el ejercicio de acciones derivadas de un contrato de crédito que tenga garantía real al que el interesado acompañe un estado de cuenta certificado”.

Siguiendo una interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte, respecto al artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Pleno de Circuito considera que para la procedencia de la vía, no ha de ser mecánicamente la ejecutiva cuando se presente un documento de esta índole, sino que ha de tenerse en cuenta la pretensión del actor, siempre con miras a garantizar adecuadamente el acceso a la justicia.

Así, en los casos en que se exhiba un estado de cuenta certificado, para acreditar los saldos resultantes a cargo del acreditado o deudor, la vía depende de la pretensión hecha valer por el actor. Por un lado, si pide resolver un crédito bancario a través de un título ejecutivo, necesariamente habrá lugar a la ejecución en una vía privilegiada (juicio ejecutivo mercantil). Por otro lado, si solo quiere obtener, a través de una sentencia, la declaración del derecho de crédito que le corresponde, podrá seguirse otra vía como la oral (antes de la reforma).

De este modo, concluye la tesis, “cuando el juez deba prover sobre una demanda a la que el actor acompañe un documento al que la ley otorgue el carácter de ejecutivo, debe examinar, cuidadosamente, la pretensión efectivamente planteada a efecto de determinar la procedencia o no de la vía oral mercantil”.

Sin duda se trata de una discusión interesante, que muestra la  aplicabilidad del principio de extensión de la vía oral, como mejor garantía de la justicia.