Senado indolente

Escrito por  Esthela Damián Peralta Dic 20, 2017

Sin importar las voces en contra, entre ellas las de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y ciudadanos, el Senado de la República aprobó en la madrugada del pasado viernes la Ley de Seguridad Interior tras una sesión de 15 horas.

Los legisladores modificaron nueve artículos de la norma, pero no tocaron ninguno de los más polémicos.

Finalmente, el dictamen se turnó a San Lázaro con diversos cambios que expide este marco legal, el cual normará y regulará el uso de fuerzas federales en estados y municipios.

El dictamen, avalado por 71 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, señala que el Consejo de Seguridad Nacional determinará la procedencia de la intervención de la Federación en estados o municipios y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Las reacciones de rechazo no se hicieron esperar, principalmente de organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó que el Senado aprobara esta ley, pues dijo que México debe centrarse en reforzar la policía nacional y no convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de la seguridad interna.

La ley establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.

También la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.

Además, las fuerzas federales y las armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior. Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información.

Amnistía Internacional pidió al presidente Enrique Peña Nieto vetar la ley que aprobó el Congreso, pues su implementación aumentará las violaciones graves a los derechos humanos, como asesinatos, tortura y desapariciones forzadas en el país.

En una carta abierta a Peña, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, señaló que bajo la vaga e indeterminada frase “seguridad interior”, la ley no hace más que esconder un esfuerzo concertado y peligroso de mantener a las fuerzas armadas en labores que deben corresponder a las policías.

Amnistía señaló que es un error mantener a las fuerzas armadas en las calles a pesar de que la evidencia demuestra que esta estrategia ha fallado en dar seguridad durante más de una década.

La organización recordó a Peña Nieto que hace casi cuatro años, cuando se conocieron en la Ciudad de México, lo alertó sobre las fallas de mantener la estrategia militarizada para mejorar la seguridad.

Expuso que durante el actual sexenio el número de militares desplegados en tareas de seguridad pública ha aumentado de manera significativa sin que esto haya ayudado a disminuir los delitos en el país. Por lo contrario, 2017 terminará como el año más violento del sexenio, y vislumbra registrar la tasa de homicidio más alta en por lo menos una década.

No se equivocó al afirmar que éste es un momento de agonía para los mexicanos, quienes han sido ignorados por un Congreso que, de manera intencional, ha hecho caso omiso del clamor público alrededor de esta ley. Advirtió que si el presidente decide firmar esta legislación, estaría poniendo en riesgo los derechos humanos de millones de personas.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que la ley presenta riesgos al disfrute efectivo de los derechos humanos; no da certeza al emplear conceptos imprecisos sobre su marco de operación; genera confusión entre la nociones de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública, y consolida un modelo de seguridad que no ha dado los resultados esperados y ha causado un gran sufrimiento a las personas en el país.

Advierte que sólo con la adopción de un enfoque de seguridad ciudadana, el fortalecimiento e independencia de la procuración de justicia, la profesionalización y dignificación de las corporaciones policiales y el establecimiento de una política efectiva de rendición de cuentas, entre otras acciones, México superará la situación crítica en que se encuentra.

Además, diez organizaciones internacionales conformaron una coalición para observar y documentar la situación de derechos humanos en el país tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, y hacer un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que ejerza su facultad de veto respecto a esa legislación. n