Delitos contra el ambiente

Escrito por  Eduardo López Betancourt Dic 16, 2017

El derecho ecológico o ambiental es una de las ramas del derecho que han surgido en el último medio siglo, ante la preocupación por el impacto de las actividades humanas en la conservación natural. En esta rama del derecho tienen un lugar particular los delitos ambientales, que son la última vía por la cual el derecho busca proteger los bienes jurídicos propios de esta materia.

Lo ideal es que la normas del derecho ecológico prevengan los daños a los ecosistemas; sin embargo, cuando a consecuencia de actuares ilícitos se ocasionan daños ambientales, el derecho penal puede intervenir para sancionar los comportamientos que se hayan tipificado al respecto.

Así, el código penal tipifica “delitos ambientales”, que como tales son relativamente de reciente aparición en nuestra legislación punitiva, con las reformas de 1996. Anteriormente, las conductas típicas atentatorias de los ecosistemas se encontraban en legislaciones especiales. En la legislación federal vigente, estos delitos se encuentra en el Título Vigesimoquinto, Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, que incluye cuatro capítulos, relativos a conductas de las actividades tecnológicas y peligrosas; de la biodiversidad; de la bioseguridad; y delitos contra la gestión ambiental.

Queremos referirnos a un criterio jurisprudencial reciente que interpreta alguno de estos delitos. En concreto, la tesis 135/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el pasado 8 de diciembre, que resuelve la contradicción de tesis 244/2015.

En este criterio se interpreta el tipo penal del artículo 420 del Código Penal, que está incluido entre los delitos contra la biodiversidad. El tipo sanciona con pena de uno a 9 años de prisión y multa de 300 a 3 mil días, a quien ilícitamente efectúe conductas contra fauna protegida, por ejemplo, capturar tortuga o mamífero marino, u otras especies acuáticas declaradas en veda; capturar o comercias especies acuáticas de abulón, camarón, pepino de mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda; cazar, pescar o capturar, con un medio no permitido, fauna silvestre, entre otras.

En concreto, la fracción IV sanciona a quien “realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte”.

La interpretación de la Primera Sala que queremos comentar establece los elementos del anterior tipo penal, de acuerdo con un criterio sistemático. Según la tesis, los elementos objetivos que integran el tipo penal pueden identificarse a partir de su segmentación en tres momentos: (1) los verbos rectores de las distintas acciones típicas; (2) la identificación genérica de los objetos del delito, y (3) las condiciones o circunstancias de riesgo requeridas para que la conducta sea típica.

De este modo, los verbos rectores son los múltiples ya mencionados, así como los objetos del delito enlistado en el tipo penal. Lo relevante es el tercer aspecto, que deben ser las condiciones o circunstancias de riesgo en las que la especie del ejemplar ha de encontrarse. Esta puede ser que esté en veda, que sea considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional. Para que se establezca la tipicidad, el juzgador deberá verificar que en la conducta a encuadrar concurra alguna de las opciones de cada uno de los tres segmentos de elementos. n