Con fecha 29 de noviembre, la CNDH emitió su recomendación No. 64/2017, dirigida a Evodio Velázquez Aguirre, alcalde de Acapulco, relacionada con los hechos cometidos por Valenzuela y tres agentes a su mando en agravio de un detenido, concretamente violaciones a los derechos humanos, a la libertad, seguridad jurídica e integridad personal, por la detención arbitraria, tortura y desaparición forzada.

La institución declaró que “queda acreditado el elemento relativo al dolor y sufrimientos graves infligidos, por lo que se actualiza el segundo elemento de la definición de tortura de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura”, y que “las agresiones físicas y mentales fueron intencionales para generar en el agraviado el mayor miedo y temor a fin de que le proporcionara la información que exigían los agentes de la policía”.

Solicita la reparación del daño a la víctima, así como “implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención”.

El mismo Alvarez Valenzuela, dos años después de los hechos de referencia, según una nota publicada por el diario Reforma, dijo que la policía municipal de Acapulco no trabaja para la delincuencia organizada, sino que la policía municipal es la delincuencia organizada.

Desde luego, pide al alcalde colaborar debidamente en el seguimiento de la causa penal en contra de los tres agentes policiacos, así como de la averiguación previa instruida contra Alvarez Valenzuela por al menos cinco delitos.

Uno podría preguntarse, entonces, si eso pasa en Acapulco, el municipio más grande de Guerrero, ¿cómo andarán los demás?

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.