EDITORIAL - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: lunes 20 de marzo de 2017 Opinión EDITORIAL

EDITORIAL


Los 43: caso descarrilado

No todo ha fracasado en el caso de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala; hay un hecho del que el gobierno federal debe sentirse orgulloso, además de satisfecho: el bloqueo gubernamental para impedir que se descubra la verdad, a pesar de la presión de organizaciones estatales y nacionales, así como de organismos y agrupaciones internacionales.

Ello quedó de manifiesto en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada sobre el caso esta semana que acaba de terminar, evento que concluyó con una defensa del gobierno mexicano de la llamada “verdad histórica”, según la cual los jóvenes fueron asesinados en Cocula e incinerados en el mismo lugar.

En la audiencia, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, denunció que el gobierno de México sigue ocultando datos valiosos en la indagatoria para dar con el paradero de los 43 normalistas y se ha negado a averiguar las irregularidades cometidas en la investigación.

Padres y madres de los estudiantes desaparecidos no tienen más opción que lamentar que el Estado no ha hecho nada por localizar a sus hijos, y en cambio sí ha tratado de encubrir a funcionarios acusados de manipular la indagatoria oficial.

Estéril ha resultado el respaldo que en todo momento les ha otorgado la CIDH, cuyas recomendaciones formuladas mediante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha ignorado el gobierno federal.

En la reunión, padres y madres presentaron un video en el que el ex visitador de la PGR Alejandro Chávez Flores admite haber sido presionado para cambiar un estudio que señala irregularidades graves de esa institución en el caso Iguala.

Nada de extrañar: el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, pidió que se tome en cuenta la hipótesis de la "verdad histórica”.

Es, pues, una lucha obvia de los padres y madres de los muchachos contra el gobierno de la República, que se aferra a la verdad que fabricó para proteger a los responsables. n

 
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