Investiga la PGJE basada en ocurrencias, critica el abogado Vidulfo Rosales Sierra - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: sábado 13 de julio de 2013 Sociedad Investiga la PGJE basada en ocurrencias, critica el abogado Vidulfo Rosales Sierra

De 20 averiguaciones integradas desde 2005, ni una se ha consignado, denuncia

Investiga la PGJE basada en ocurrencias, critica el abogado Vidulfo Rosales Sierra

Violaciones a derechos humanos, impunidad e incumplimientos van en aumento, acusan Ong

CITLAL GILES SÁNCHEZ
 RODOLFO VALADEZ LUVIANO ( Reportera y corresponsal)

Chilpancingo, 12 de julio. El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, criticó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) haga diligencias por ocurrencia y no lleve a cabo un plan de investigación a todos los delitos de agresiones contra defensores de derechos humanos.

Destacó que desde 2005 a la fecha se han integrado 20 averiguaciones previas y ni una sola ha sido consignada.

Rosales Sierra fue entrevistado sobre las declaraciones que hiciera hace unos días el subprocurador Jurídico y de Atención a Víctimas de la PGJE, Javier Humberto Domínguez Aguilar, de que en el caso de las amenazas contra Rosales Sierra no se ha avanzado porque el abogado no ha mostrado “mucha colaboración”.

En este sentido, el abogado aseguró que la PGJE tiene una falsa percepción hacia su persona, pues aseguró que él ha tenido la disposición para presentarse a hacer cualquier tipo de diligencia; reprochó que a pesar de que se le ha insistido a la PGJE que diseñe un plan de investigación para las 20 averiguaciones previas que hay por amenazas, hostigamiento y persecución contra defensores de derechos humanos, no lo han hecho.

“La PGE hace diligencias basadas en la ocurrencia, no hay un plan que dirija; si se va a hacer una inspección (sin investigar) lo único que hace es desgastar a las víctimas”.

Lamentó que si no hay avances en varios casos de agresiones contra defensores de derechos humanos es porque la PGJE “no traza planes de investigación, definidos, claros, tendientes al esclarecimiento de los casos”, lo que demuestra una falta de claridad.

Comentó que de las 20 averiguaciones previas que hay desde 2005, hasta la fecha ni una sola ha sido consignada “y eso es un indicativo que demuestra que no hay avances sustantivos”.

Destacó el caso de la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, quien tiene tres citatorios para que se presente ante la PGJE; sin embargo, su caso está abierto desde 2005 y es la fecha en que no tiene avances; “entonces qué caso tiene que se esté presentando a diligencias”.

Rosales Sierra advirtió que los defensores de derechos humanos no acudirán a comparecer ante la PGJE hasta en tanto no haya un plan bien definido y consensado con las agraviados.

“Una vez que haya un plan nosotros por supuesto nos sentaremos para avanzar en las averiguaciones previas”, dijo.

Por otro lado, un informe de organizaciones civiles manifestaron su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos en México y aseguraron que el Estado mexicano no ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones emitidas en 2009 y que los casos de las sentencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) siguen sin cumplirse.

Ello fue dado a conocer mediante un informe elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en torno a la situación de los derechos humanos preparado dentro de la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos (CDH) a México, que se llevará a cabo en octubre, en Ginebra, Suiza, y en el que destaca el aumento exponencial de las violaciones a los derechos humanos, principalmente derivado del contexto de violencia e impunidad que se vive en el país.

El informe, elaborado por más de 30 organizaciones, contiene 11 temas de preocupación, como la armonización legislativa; pobreza y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; acceso a la justicia y reforma judicial; sistema penitenciario; seguridad pública y militarización; desaparición forzada y tortura; pueblos indígenas; personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migrantes; mujeres; y finalmente, juventudes e infancias, e incluye información actualizada, como recomendaciones emitidas por el CDH a México en 2009, las cuales, sin embargo, no han sido implementadas por el Estado mexicano de manera efectiva, aseguraron los activistas.

El texto abunda que durante el período en revisión, el Estado mexicano ha sido también sancionado en cinco ocasiones por la Coidh en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú, entre otros de graves de violaciones a derechos humanos que han sido objeto de diversas recomendaciones.

 
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