Problema de legitimidad: lucha fallida contra el narcotráfico - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: viernes 25 de marzo de 2011 Opinión Problema de legitimidad: lucha fallida contra el narcotráfico

FAUSTINO SOTO RAMOS*

Problema de legitimidad: lucha fallida contra el narcotráfico

Todo gobierno ha de contar con legitimidad y eficacia para que su existencia no sea precaria, y la conjugación de éstas producirá gobernabilidad. La eficacia se genera cuando el gobierno da respuestas a las demandas de los gobernados. La legitimidad se refiere a la existencia en una parte importante de la población de un grado de confianza tal que permita la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza.

El concepto de legitimidad es bastante profundo. Existen dos rutas para alcanzarla. La primera es llamada “de origen”, y hace referencia a como llegan los gobernantes. La segunda se denomina “de acción de gobierno”, y señala lo que éstos hacen para legitimarse. Los representantes populares pueden contar con legitimidad de origen, pero no siempre consiguen legitimidad de acción de gobierno. Son totalmente excluyentes.

¿Para qué revisar a detalle los anteriores conceptos? La respuesta es concreta: Para situar al sexenio de Felipe Calderón con objetividad y fundamentos.

En 1988 el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo la mayoría de los votos, pero le fue arrebatado el triunfo obtenido en las urnas. La llegada de Carlos Salinas de Gortari se da bajo una crisis de legitimidad de origen. La alternancia fue víctima de un fraude producido desde las esferas del gobierno.

Vicente Fox llega a la Presidencia de la República bien legitimado. Los resultados arrojados del proceso electoral le dieron una ventaja de 2 millones 409 mil 918 votos, equivalentes a 6.41 puntos porcentuales de diferencia de Francisco Labastida, su más cercano contrincante. Esa legitimidad de origen no se cristalizó en legitimidad de gobierno. Los logros del sexenio se vieron opacados por sus evidentes errores.

Felipe Calderón es producto de un enorme fraude. Su arribo a la Presidencia se dio por encima de la voluntad popular de millones de mexicanos. Su legitimidad de origen es nula, y en el afán de conseguir la de acción de gobierno, ha tomado una serie de decisiones que convierten al presente sexenio en el más negro de la historia, en el que más ha corrido sangre.

La lucha frontal que ha emprendido contra el narcotráfico no es de los mexicanos. Es una guerra unipersonal que se disfraza con un toque de valentía sustentada con el slogan comercial “Para que la droga no llegue a tus hijos”.

El Ejército ha sido el principal aliado de Calderón en sus batallas. De acuerdo a información proporcionada por la Sedena en agosto de 2010, las fuerzas armadas han participado en operaciones de lucha contra el narcotráfico desde 1976, arrojando 694 militares caídos a la citada fecha.

De 1976 a 2006 fueron 503 militares caídos. En promedio, 17 soldados por año. Del 1 de diciembre de 2006 al 1 de agosto de 2010, habían fallecido 191 militares de los 28 mil 228 asesinatos atribuidos al narcotráfico y al crimen organizado a esa fecha. Es decir, en menos de 4 años, 48 militares caídos en promedio cada año. Hablamos de un crecimiento de 280 por ciento de muertes tan sólo en la milicia.

Según estadísticas de la SSP, del 1 de diciembre de 2006 hasta finales de julio de 2010, habían muerto un total de 2 mil 76 policías en enfrentamientos y ataques, de los cuales 915 eran municipales, 698 estatales, y 463 federales.

En lo que va del sexenio, suman más de 35,000 muertos por la estrategia fallida contra el narcotráfico. Después de ver las cifras de los aliados de la lucha calderonista, me surgen algunas interrogantes: ¿Cuántos muertos eran niños? ¿Cuántos jóvenes muertos eran ninis? ¿Cuántas mujeres muertas son parte de la estadística de feminicidios? Y la pregunta más importante: ¿Hasta cuándo habrá disposición para corregir la estrategia, o tendremos que soportar los 618 días que le restan al sexenio sumando hogares mexicanos enlutados diariamente?

*Diputado presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado.

 
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