Encuestas electorales - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: jueves 29 de julio de 2010 Opinión Encuestas electorales

ISIDRO BAUTISTA SORIANO

Encuestas electorales

La reciente encuesta de Mitofsky en la que Manuel Añorve Baños y el PRI aparecen arriba de las preferencias, da para tres puntos:

1. Debió haber sido registrada la empresa de Roy Campos ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEGRO), como lo establece la ley administrativa, para que el golpe mediático hubiera sido demoledor; es decir, más creíble o más convincente, sin los cuestionamientos que tuvo y que todavía tiene.

2. Debe el IEEGRO proceder contra esa consultora, como dice la ley.

3. Deben promoverse reformas para cercar totalmente las encuestas; o sea, meterlas más al carril.

Roy Campos debió haber recurrido al artículo 209 de la ley administrativa: “Los partidos políticos y las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por muestreo para dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos o las tendencias de las votaciones, adoptarán los criterios generales que para tal efecto determine el Consejo General del Instituto”, y sujetarse a ciertas reglas, una de éstas el hecho de “presentar su solicitud a partir del inicio del proceso electoral y hasta 30 días antes de la jornada electoral”.

Y otra es pagar “la fianza equivalente a 10 mil salarios mínimos vigentes en la ciudad capital del estado”.

A lo mejor, el “pero” fueron los cerca de 550 mil pesos de fianza. ¿Será? ¿No debió haber valido la pena depositarlos? Total, hubiera sido un guardadito.

Como pasó, surgió la pregunta lógica: ¿Qué gana Roy Campos con levantar esa encuesta? ¿Le gustó Guerrero? ¿Nomás se le ocurrió, tomó el teléfono y abrió la boca así porque sí? ¿Ha sido usual eso en él?

Ahora, si se hubiera registrado, aguas: es de por sí una consultora pesada, y si se hubiera inscrito ante el IEEGRO, pudo haber dado la impresión de que lo hizo sin otro compromiso más que el de aumentar su prestigio para atraer a más clientela, específicamente partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos y gobernantes.

Así hubieran aparecido arriba el propio Añorve, Ángel Aguirre Rivero o Héctor Astudillo Flores, por el PRI, y Lázaro Mazón Alonso, David Jiménez Rumbo o Armando Ríos Piter, el resultado sería confiable, aunque disimulado.

Por cuanto a respetar y hacer respetar la ley, el IEEGRO debe iniciar el procedimiento administrativo sancionador, de alguna manera, si es que realmente tiene el espíritu de imparcialidad.

Ya ha sido duramente cuestionado, con o sin razón legal, debido a que lo consideran tibio ante actos presumiblemente anticipados de precampaña, en específico la propaganda atribuida a Añorve Baños, Ríos Piter y ahora Aguirre Rivero, con su “Somos ángeles de corazón”.

El artículo 320 de la ley administrativa dice que “el Consejo General del Instituto es competente para conocer (…) de las infracciones que cometan las personas físicas o morales que ordenen o realicen por sí mismas o por interpósita persona, encuestas o sondeos de opinión o de salida y conteos rápidos”.

En ese sentido en su artículo 325 añade que “las personas físicas o morales que ordenen, realicen o difundan por sí mismas o por tercera persona, encuestas (…) se harán acreedoras a una sanción de hasta un mil días de salario mínimo general vigente en la capital del estado”, que representarían aproximadamente 55 mil pesos, que para Mitofsky serían una bicoca.

Eso no sería el chiste. Sería la sanción, cual fuere. Si no al rato, se vienen más encuestas al margen de la legislación electoral. Por lo menos, dar susto.

Pese a ello, hay lagunas en la legislación, que deben ser cerradas de arriba abajo. Hay estados como Quintana Roo que nada pueden hacer ante eso, y que se tienen que conformar con dar vista a otras instancias, particularmente federales, como Gobernación y SCT, que se declaran incompetentes.

¿Qué pasaría si periódicos del DF, como Reforma, El Universal o Milenio, como normalmente lo hacen, publican una encuesta? ¿Procede una posible sanción, aun cuando su ubicación esté fuera de Guerrero? ¿Van a venir a registrarse ante el IEEGRO? ¿Los multarían con los 55 mil pesos? ¿La pagarían? ¿Qué tantos argumentos legales tendrían?

Lo peor que puede pasar es según el Código Penal: “Se impondrá multa de 20 a 200 días de salario mínimo diario general vigente en el estado o prisión de seis meses a dos años, o ambas sanciones, a juicio del juez”, si publican o difunden por cualquier medio, esas encuestas pero sólo dentro de los cinco días previos a la jornada electoral.

isidro_bautista@hotmail.com

 
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