Subraya AI en su informe cinco casos de represión en Guerrero - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: lunes 26 de julio de 2010 Sociedad Subraya AI en su informe cinco casos de represión en Guerrero

De 2007 a 2009 se registraron 15 ataques al trabajo de defensores de derechos

Subraya AI en su informe cinco casos de represión en Guerrero

Remarca la ONG asesinatos de dirigentes, amenazas y detenciones arbitrarias de activistas

CITLAL GILES

Chilpancingo, 25 julio. La organización Amnistía Internacional (AI) destacó en su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en México, cinco casos de hostigamiento y represión por parte de autoridades estatales y federales contra activistas de Guerrero, y criticó que las autoridades utilicen el sistema de justicia penal para emitir órdenes aprehensión y así obstaculizar su trabajo. De los 16 que expuso AI en su informe, los de Guerrero fueron los más destacados, y en lo que expusieron los casos de los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, quienes fueron secuestrados, torturados y ejecutados; las detenciones arbitrarias de Raúl Hernández, Cándido Félix y Manuel Olivares, así como las amenazas a la dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Obtulia Eugenio Manuel.

El informe dado a conocer en esta semana, AI alerta que México es un país peligroso para la defensa de los derechos humanos, pues entre el 2007 y 2009, la organización internacional ha documentado más de 15 violaciones, entre ejecuciones, amenazas, detenciones arbitrarias y tortura.

“Los responsables de los abusos que sufren quienes defienden los derechos humanos son en ocasiones autoridades locales, estatales o federales, las autoridades son quienes presentan cargos falsos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y los procesan indebidamente, para castigarlos por su trabajo. En otros casos, los presuntos abusos son perpetrados por personas no identificadas y en estos casos las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación”, criticó AI.

En el apartado Impunidad por homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos, destacó las ejecuciones de Raúl Lucas y Manuel Ponce, quienes el 13 de febrero de 2008 fueron secuestrados en Ayutla por hombres que se identificaron como policías. Siete días después aparecieron muertos en una barranca a 30 minutos de Ayutla, con signos de tortura.

A causa de las presiones nacionales e internacionales, en agosto de 2009 la investigación judicial fue transferida a la Procuraduría General de la República (PGR). “En el momento de redactar este informe, la investigación de la PGR estaba en curso, pero los responsables del homicidio aún no habían sido identificados y no se disponía de información sobre la situación de la investigación. No se abrió ninguna investigación sobre la negativa de las autoridades estatales a investigar la desaparición forzada de los dos hombres”, destacó AI.

Mientras que en el rubro Uso indebido de la justicia penal, AI destacó tres casos de activistas que por defender los derechos de sus comunidades han sido encarcelados, unos a pesar de contar con amparos o bien, porque prescribió el delito.

Tal fue el caso de los cinco integrantes de la OPIM, Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega y Romualdo Santiago, acusados de haber asesinado a un informante del Ejército. Luego de casi un año de estar en prisión, cuatro de ellos quedaron en libertad, sólo Raúl Hernández permanece preso en Ayutla, por ser señalado como el autor material del crimen.

“Amnistía Internacional cree que Raúl Hernández y otros miembros de la OPIM han sido procesados como castigo por su fructífero trabajo de derechos humanos, pues han promovido proyectos de desarrollo para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, y han hecho campaña constantemente para poner fin a la impunidad por las violaciones de derechos humanos, como la esterilización forzada, en 1998, de 14 hombres pertenecientes a la OPIM, y la violación sexual a manos de soldados contra Inés Fernández y Valentina Cantú”.

Actualmente el caso de Raúl Hernández se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además destacó la detención de Cándido Félix, integrante del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me’phaa de la Variante Lingüística Bathaa (CRDPIMP).

Agregó que se han dictado al menos 17 órdenes de detención contra otros activistas en relación con las protestas, “aunque todavía no se ha ejecutado ninguna”.

También menciona la detención arbitraria de Manuel Olivares, en 2007, cuando era presidente del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Manuel Olivares, con otros 50 activistas, fue acusado de ataque a las vías de comunicación por protestar para exigir a las autoridades mejoras para sus comunidades.

Recientemente AI documentó las amenazas que ha recibido Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la OPIM. Le advierten que si no deja de denunciar, la meterán a la cárcel o peor aún, la matarán.

 
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