La reforma constitucional en material procesal penal de 2008 - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: martes 29 de junio de 2010 Sociedad La reforma constitucional en material procesal penal de 2008

EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT , II

La reforma constitucional en material procesal penal de 2008

Según comentamos en la anterior ocasión, la reforma procesal penal constitucional de 2008 constituyó retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos.

Un punto de la reforma identificado claramente como autoritario, lo constituye la elevación a rango constitucional de los postulados de un derecho penal de excepción, a través de la implementación de la figura del arraigo y la introducción de una definición de delincuencia organizada, en los párrafos séptimo y octavo, respectivamente, del artículo 16 Constitucional.

El texto reformado de dicho numeral, dispone que en el caso de los delitos de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá pedir al juez que decrete el arraigo de una persona, “siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”. El plazo máximo del mismo será de 40 días, los cuales podrán prorrogarse hasta 80, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen.

Esta inclusión en el texto constitucional del arraigo, contraviene los principios del sistema penal democrático; pues con sencillez, implica elevar a la Carta Magna el criterio antijurídico de “detener a una persona para investigarlo”, y no, como debiera suceder en un régimen democrático, primero investigar a un ciudadano, y sólo cuando se hayan reunido los elementos suficientes para justificar la medida, restringirle la libertad.

La constitucionalización del arraigo, se encuadra en el establecimiento gradual de un modelo procesal penal de excepción dentro del orden jurídico mexicano. Proceso que se inició, de manera emblemática, con la promulgación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en 1996.

Este ordenamiento sienta las bases de un incipiente derecho penal del enemigo, el cual, se identifica en la doctrina jurídica, con un modelo que, bajo el pretexto de fungir como respuesta a situaciones de máxima gravedad, en ejercicio de un pragmatismo político-penal exacerbado, justifica la aplicación de una violencia punitiva estatal desembarazada del régimen de garantías.

La figura del arraigo domiciliario, en la práctica, se convierte propiamente en una prisión preventiva; el indiciado es llevado a una casa de seguridad, donde en muchas ocasiones está en peores condiciones que en los mismos centros de reclusión.

El arraigo no es un castigo, sino una medida precautoria, y el pretexto de que sirve para evitar que el presunto se sustraiga a la acción de la justicia, no es más que falta de capacidad policiaca institucional. Debería sustituirse por otros mecanismos, por ejemplo, si el arraigo evitará que salga el inculpado del área jurisdiccional del juez que dicta la medida, debe en dado caso respetar los derechos de libertad y de libre tránsito que tiene cualquier individuo. La opción es que de ser necesario, el arraigo debiera efectuarse en el domicilio del presunto infractor, nunca en un espacio informal de reclusión como hoy día sucede.

El arraigo, como se aplica en la actualidad, suele resultar violatorio de los derechos humanos de presunción de inocencia, libertad personal, libertad de tránsito, libertad de trabajo, ya que como es evidente, la persona contra quien se ha decretado la medida, se encuentra impedida de asistir a sus actividades ocupacionales. Y más aún, violenta el respeto debido al honor y el buen nombre del ciudadano, pues es sometido a esta auténtica privación de la libertad sin cumplirse el requisito de que existan indicios suficientes ni fundados de una probable responsabilidad, sólo simples sospechas, que pueden devenir en detrimento moral, social, personal y económico del afectado.

Es en la actualidad, que la naturaleza original del arraigo, como medida precautoria, se ha tornado en la práctica en una consecuencia de tipo penal, es decir, una pena anticipada, sin sentencia, que se ejecuta sin la existencia de un marco regulatorio preciso que así lo establezca, en hoteles, casas de seguridad u otros sitios. Ello debe cesar, y retomar su naturaleza precautoria, preventiva, cuando resulte absolutamente indispensable, se insiste, se ejecute sólo en el domicilio del indiciado.

e_SFlbelb@servidor.unam.mx

 
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