Festejan organizaciones el fallo de la Coidh en el caso Radilla - La Jornada Guerrero
Usted está aquí: jueves 17 de diciembre de 2009 Sociedad Festejan organizaciones el fallo de la Coidh en el caso Radilla

La condena es una “brizna” de esperanza para las agrupaciones sociales

Festejan organizaciones el fallo de la Coidh en el caso Radilla

Con la resolución se acepta que existen violaciones sistemáticas a derechos: CMDPDH

El Estado mexicano debe reformar las leyes que protegen a militares, urge Amnistía

CITLAL GILES, FRANCISCA MEZA 
Y LUCIANO TAPIA (Reportera y corresponsales)

Tita Radilla, vigilada por militares en Atoyac
Tita Radilla, vigilada por militares en Atoyac Foto: FOTO ROBERTO RAMIREZ BRAVO/ARCHIVO

Organizaciones sociales del estado, del país e internacionales celebraron la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humano (Coidh) al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco.

En la ciudad de México, el director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Juan Carlos Gutiérrez Contreras, declaró que la determinación de la Coidh es el reconocimiento de la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la guerra sucia.

Por su parte, Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo Radilla, que participo en la conferencia en la sede de la (CMDPDH) y que además es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), dijo que “esperamos que haya cumplimiento de la sentencia, que se haga justicia; nuestra demanda principal es que se investigue el paradero de todos los desaparecidos y no sólo el de mi papá”.

Gutiérrez Contreras afirmó que la sentencia dictada por el máximo órgano de justicia en el continente resuelve el litigio por la desaparición forzada de Radilla Pacheco perpetrada por el Ejército en agosto de 1974.

Consideró que la sentencia establece un vínculo entre el México del pasado y el México actual, porque se ordenó superar obstáculos estructurales que existían en el México del pasado y que siguen existiendo hoy, como es el fuero militar.

En su oportunidad, la abogada María Sirvent, quien con Mario Solórzano llevó el juicio a nivel internacional para que la Coidh admitiera el caso, dijo que esta resolución fue una lucha internacional de ocho años y medio.

“Hoy empieza una etapa quizá igual de difícil que la del litigio que es el cumplimiento de esta sentencia total por parte del gobierno mexicano”, alertó la jurista.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de Afadem, manifestó que esta sentencia es muy importante porque en México no hay acceso a la justicia ni instancias jurídicas adecuadas para proteger a la población de las desapariciones forzadas. Añadió que actualmente sigue ocurriendo ese tipo de delito.

Uno de los puntos importantes de la resolución es que se debe reformar el artículo 57, por lo que la Secretaría de Gobernación debe enviar dicha iniciativa.

Ana María Radilla Martínez, una de las cuatro hermanas de Tita que asistieron a la conferencia, dijo que su papá fue presidente municipal de Atoyac de 1955 a1956, era campesino y ganadero y le gustaba componer corridos sobre diversos temas, razón por la que fue detenido en un retén militar.

México debe cumplir a cabalidad

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) urgió al Estado mexicano a que cumpla cabalmente con la sentencia que le dictó la Coidh y a la vez asuma su responsabilidad internacional por las diversas violaciones a los derechos humanos de la víctima y sus familiares.

En tanto, organizaciones sociales del estado celebraron el fallo que condenó al gobierno de México por uno de los más de 600 casos de desapariciones forzadas que hubo durante la guerra sucia, y confiaron en que esto sea un parteaguas para que se pueda dar con el paradero de otras víctimas.

“El Estado ha sido incapaz hasta la fecha de llevar a cabo las investigaciones pertinentes, dejando el caso en total impunidad. El Estado tiene la obligación de conducir una investigación eficaz y diligente mediante la cual se esclarezca la verdad y se sancione a los responsables”, detalló en su comunicado AI.

De igual forma, celebró que se ordenó a México reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, ya que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares”.

De igual forma, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideró que dicho fallo es el resultado de varios años de lucha de los familiares de Radilla Pacheco, así como de la Afadem y la CMDPDH.

Celebró que dicho esfuerzo se vea reflejado a pesar de las “hostilidades, amenazas y hostigamientos” que orquestó el Estado para desgastar el movimiento.

Brizna de esperanza

En Zihuatanejo, organizaciones sociales y ambientalistas consideraron que el fallo emitido por la Coidh representa un fortalecimiento en materia de justicia para Guerrero y una “brizna” de esperanza para los defensores de derechos humanos.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones Mujeres por la Paz y la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ) expresaron que la condena reivindica de manera sustancial e histórica los movimientos sociales que durante años han estado bajo la represión y la desaparición de cientos de activistas.

En el documento expresan que para la Afadem y de los familiares de Radilla Pacheco el fallo representa una luz, además de que la impunidad en el actual sistema de gobierno puede tener un alto.

La sentencia emitida da la razón a las organizaciones sociales respecto a que en el país siempre se han violentado los derechos humanos, por encima de la firma de tratados internacionales al respecto.

“La sentencia a que el Estado mexicano reconozca de manera pública sus fallas en esta materia deja ver clara y tajante la farsa que ha hecho por años ante la comunidad internacional sobre el respeto a los derechos humanos y la violación a dichos tratados, sobre todo en los derechos conómicos, sociales, culturales y ambientales plasmados en el protocolo de San Salvador”.

Las organizaciones coincidieron en que el fallo es una “nueva hoja” en la historia de México y que servirá para que no queden impunes los crímenes contra la humanidad en el estado y en el país.

 
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