La Coddehum buscará algún mecanismo legal para sepultar al líder del ERPI
Niegan el cuerpo de Ramiro a la APPG; debe ir su madre: PGJE
Se necesita una carta poder firmada por los familiares directos, pretexta la dependencia
Luego de la llegada de la ONG, arriban policías embozados y con fusiles AR-15 al Semefo
Chilpancingo, 22 de noviembre. Para entregar el cuerpo del comandante Ramiro, dirigente militar del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) condicionó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) presentar la carta poder de un familiar en línea directa.
Alrededor de las 3 de la tarde, unos 15 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), encabezados por Nicolás Chávez Adame, Arturo Hernández Cardona y Bertoldo Martínez Cruz, se presentaron en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) a reclamar los restos del jefe guerrillero.
Antes, se entrevistaron con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, para solicitar su intervención para que la Procuraduría les entregue el cuerpo para darle una sepultura digna.
Alarcón ofreció buscar legalmente algún mecanismo de excepción que incluye la ley para que, por las circunstancias especiales del caso, se entreguen los restos de Ramiro a las organizaciones sociales.
Inmediatamente después, los dirigentes de la APPG se presentaron al Semefo, cuyo local estaba resguardado por tres policías ministeriales, quienes ya estaban enterados que irían a pedir el cuerpo.
El encargado de la cámara frigórifica les recordó cuál era el trámite para estos casos: que los familiares lo solicitaran al Ministerio Público.
Chávez se comunicó telefónicamente con el secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, para solicitar su intervención, quien los mandó con el fiscal para delitos graves de la zona Centro, Jesús Miranda Rodríguez.
En un par de minutos, tras hacer el reclamo oficial, al Semefo llegaron cuatro patrullas repletas de policías estatales con los rostros cubiertos y portando fusiles AR-15, a reforzar la vigilancia en el inmueble.
Miranda repitió a los dirigentes lo que establece la ley para hacer la entrega de un cuerpo, sobre todo “tratándose de la persona que se trata; imagínense que luego se presente alguien de la familia a reclamarlo, la Procuraduría tendría problemas por ello”, aunque también les aseguró que había recibido indicaciones del encargado de despacho de la PGJE para facilitar los trámites.
El funcionario señaló que la Procuraduría estaba buscando la manera de contactar a quien saben de la madre de Ramiro, para que se llevara los restos, y sugirió a los dirigentes de la APPG –lo que pareció una maniobra– que ellos la contactaran.
Entonces Chávez explicó que no tenían ningún contacto con los familiares, y ni siquiera los conocían, y Bertoldo Martínez le pidió al funcionario que les diera el nombre y dónde la podían buscar para hacerlo.
Miranda señaló que no lo conocía de memoria, pero que sabía que se encontraba en una comunidad conocida como El Escorpión y que tampoco conocía a qué municipio pertenecía.
En esa comunidad, ubicada en Atoyac, el martes 10 de noviembre efectivos del Ejército y la Armada irrumpieron por tierra y aire, encapuchados y portando granadas; diciendo que atendían un reporte de que en ese poblado había gente armada, interrogaron e intimidaron a niños y mujeres y detuvieron al campesino Natalio Vázquez, según denunciaron los pobladores.
Luego, el fiscal sacó de entre sus anotaciones los nombres de dos personas, y dijo que eran la esposa y la cuñada de Ramiro, que la primera vivía en la ciudad de México y de la segunda no sabía, pero que tenían conocimiento que quien tenía forma de comunicarse era alguien de nombre Bertoldo Martínez –quien ahí estaba–, pero Miranda aparentó que le era desconocido. Bertoldo se identificó y desmintió que tuviera forma de localizarla y le soltó como pregunta “¿y ahora qué, por eso me van a agarrar?”. Miranda le devolvió de prisa “no, yo no sé”.
Finalmente, los miembros de la APPG concertaron una entrevista con el encargado de despacho, Albertico Sierra Guinto, con el mismo propósito, la que se programó para este lunes a las 10 de la mañana.
Los Álvarez, fuera de Palos Grandes
En entrevista, Miranda Rodríguez aseguró que se están haciendo las investigaciones para esclarecer la forma cómo mataron al comandante Ramiro, por cuyo asesinato se abrió la averiguación MIG/SC/01/401/2009.
Señaló que localizaron el cuerpo en Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán, porque cuando el Ministerio Público subió a la comunidad a investigar los rumores del asesinato, encontró a una familia que estaba acarreando sus cosas.
Esa familia resultó ser la de los Álvarez, a la que pertenece Cayetano Álvarez, quien habría asesinado a Ramiro, y que las mujeres de esa familia les indicaron que se iban por temor a represalias.
Señaló que una menor de edad de los Álvarez les indicó dónde habían enterrado al líder del ERPI. No era en el patio de una casa, sino en un área en despoblado, de donde exhumaron el cuerpo.
