Piden que homicidios en Ayutla y Huamuxtitlán no los atraiga Ejército
Exigen en foro la salida de militares de pueblos indígenas y cese a criminalización de activistas
Tlapa, 27 de junio. Tras dos días de análisis sobre el riesgo de los defensores de derechos humanos en Guerrero y en el país, las organizaciones sociales y civiles nacionales, estatales, así como luchadores indígenas y campesinos que participaron en el foro Defensores, entre el dolor y la esperanza, se pronunciaron contra la presencia del Ejército en los pueblos por los abusos que ha cometido, demandaron al gobierno que cese la criminalización contra los activistas, a quienes por su labor se les imputan delitos y son víctimas de amenazas y persecución.
Se pronunciaron por que no queden impunes los crímenes de los dirigentes mixtecos Manuel Ponce y Raúl Lucas, y demandaron que en el caso de Bonfilio Rubio, el me’phaa que murió de un balazo de los soldados en el retén de Huamuxtitlán, el homicidio sea juzgado por instancias civiles y no los órganos de justicia militar.
Petición a Gómez Mont y Espinoza
Por separado, los defensores acordaron enviar una carta al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, en la que piden que el gobierno federal cumpla con las disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien el pasado 9 de abril resolvió dar medidas provisionales para la protección de los indígenas de Ayutla y los integrante Tlachinollan.
Advierten que la negligencia que ha mostrado el gobierno para atender las medidas “ha hecho más vulnerables a los y las defen
