Critica Tlachinollan que no haya claridad en lo que persigue la PGJE
Temen organizaciones que escape de Monje desate abusos policiacos en Tierra Caliente
No es creíble que una sola persona les haya hecho frente, considera Javier Monroy
CHILPANCINGO, 12 DE AGOSTO. Organizaciones sociales expresaron su preo- cupación de que tras el escape de Pascual Monje Solís, presunto integrante del ERPI, del cerco militar y policiaco en la comunidad de Las Mesas, del municipio de Zirándaro, el Ejército reprima a los habitantes de esa región.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad (FEGRI) plantearon el riesgo de que ahora el gobierno federal quiera militarizar la región, con la consecuente violación a las garantías individuales de la población.
Entrevistados por separado, Abel Barrera León, coordinador de Tlalchinollan y Javier Monroy Hernández del FGRI, expresaron el temor de las consecuencias de esa acción policiaca y militar con magros resultados para el gobierno.
Para empezar, Monroy Hernández planteó la duda de que Monje Solís sea integrante de algún grupo armado, pues hasta el momento, ninguno ha reivindicado su pertenencia.
Por otro lado, expresó que si se trata de un miembro de la delincuencia organizada es preocupante que un solo individuo o dos pudiera enfrentar al mismo nivel a un grupo especial de fusileros que lo atacaron.
Monroy consideró que “no es creíble” que una sola persona o dos haya podido dar esa pelea y además escapar.
En su opinión, aunque la información no se hizo pública, el Ejército y los demás cuerpos policiacos pudieron haberse enfrentado a “algo más estructurado” y las consecuencias del enfrentamiento, quizá con el verdadero número de bajas, se guardaron de informarlo.
Monroy expresó su temor de que tras la fuga de Monje, los cuerpos policiacos estén tan molestos que quieran descargar toda su furia contra la población.
Por lo anterior previó un clima de represión y violencia en la región, por lo que llamó a los organismos defensores de derechos humanos a acudir allá en función de observadores para estar pendientes de que no se violenten las garantías individuales de los habitantes.
En tanto, Barrera expresó que la agenda oculta del gobierno federal de acabar con los grupos de insurgencia armada, es lo que crea confusión.
Criticó que no haya claridad del objetivo que persiguen las fuerzas del orden, “la población nunca sabe que es lo que hay atrás de sus acciones, si atacar a la delincuencia o perseguir grupos armados”.
Sobre el presunto erpista que resultó muerto en el cerco militar de 24 horas a Monje, planteó que las autoridades tienen la obligación de informar con veracidad a los familiares de esa persona qué es lo que realmente pasó y darles garantías para hacer las diligencias necesarias, además del derecho a luto, con la garantía de que no van a ser reprimidos u hostigados por el solo hecho de ser su familia.
